La mayoría de los ciudadanos desconocen que el software privado que manejan en los PCs de sus hogares cuesta dinero, supuestamente más de 200 euros cada dos años, que es lo que deberían pagar a Microsoft por la renovación de la licencia de los programas que utilizan (Word, Outlook, etc). Sin embargo, aunque los usuarios de a pie consiguen evitar este canon, normalmente porque Microsoft no realiza un seguimiento de los usos particulares de sus programas, las empresas y administraciones públicas no pueden eludir estas cuotas. Así, cada año se gastan miles de euros en renovar las licencias privadas de sus empleados, un lujo que, en tiempos de crisis, es imposible seguir sufragando.

Pero emigrar del software privado al software libre no es fácil. Máxime cuando el cambio deben afrontarlo cientos de miles de usuarios a la vez. Se necesita tiempo, dinero y una voluntad política férrea. Eso es lo que se debatió en una de las ponencias de la Conferencia Internacional de Software Libre que se clausuró ayer en Granada, en la que se expusieron algunos casos de éxito de implantación de software libre en administraciones públicas.

La pionera, y más aplaudida de todas, fue la experiencia de la Generalitat Valenciana, que ha logrado implantar con éxito el software libre en una de sus consejerías, la de Infraestructuras, con más de mil empleados. "Adelantándonos a la crisis, iniciamos la migración en 2004 y ya estamos conectados a Linux", explica Martín García, uno de los artífices del proyecto gv pontis. Lo más difícil ya lo han conseguido, ahora sólo tienen que extender el proyecto al resto de las consejerías.

La apuesta por el software libre (denominación que se da al software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente) surge en realidad como alternativa a las barreras sociales y comerciales que ponen las compañías informáticas.

Pero, por más que las administraciones proclaman que van a implantar el software libre, el proceso no llega a completarse nunca. "Es mentira que las administraciones, ya sean europeas, nacionales o autonómicas, estén impulsando el software libre", denunció ayer García ante un buen número de profesionales informáticos de la Junta de Andalucía. "Los decretos son sólo brindis al sol. Mientras no se apruebe un plan de implantación del software libre no se hará efectiva la migración", añadió.

Otro de los problemas que presenta, según Martín García, es la interoperabilidad. Mientras no se haga efectiva la total implantación, para lo que hace falta mucho dinero, no se disponen de los escenarios que dan lugar a la comunidad. "Sólo podemos competir si compartimos los contenidos y colaboramos entre nosotros", aclaró este profesional pionero en clara alusión al sistema de reposición de contenidos que se utiliza en muchas administraciones y empresas, como es el caso de la Junta. "¿De qué sirve poner el software libre si luego se acota con los repositorios?", se pregunta el ponente que considera un error esta práctica. La Generalitat Valenciana se vale de una web donde los usuarios puede descargarse los contenidos, sin necesidad de pedir permiso (como así lo exigen los repositorios). "Tenemos una media de 6.000 bajadas, procedentes de todo el mundo, y sin que nosotros tengamos que traducir nada", añade García.

Álvaro Zabala, de la Secretaría de Innovación de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, explicó que en su departamento se está impulsando con éxito una Plataforma de Servicios Geográficos Horizontales, lo que se denomina como un SIG corporativo. Su cometido es homogeneizar todas las herramientas que se manejan en los distintos departamentos con los que cuenta la Administración autonómica en las ocho provincias andaluzas. Pues la disparidad de formatos impide el flujo de información entre las diferentes áreas. Algo tan simple como que el historial médico de un paciente del Hospital Clínico de Granada se pueda consultar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es imposible aún, porque todavía no tienen el sistema Diraya implantado.

"La apertura de datos geográficos permite que la información se consuma con facilidad", defendió Zabala, quien reiteró que las barreras tecnológicas se solucionan también con el software libre.

En Valencia están a años de luz del resto de comunidades que todavía se gastan miles de euros en financiar los softwares privados a sus empleados. Para expandir el sistema a las demás consejerías de la Generalitat con un presupuesto 0, ahora están debatiendo la idoneidad de contratar a una empresa externa que sea la que efectúe la migración en vez de informáticos propios.