El pasado año la Junta de Andalucía tramitó siete expedientes sancionadores a taxis piratas por prestar servicios ilegales de transporte público de viajeros mediante vehículos sin autorización. Una cifra que para la gremial del taxi es mínima comparado con la gran cantidad de conductores que realizan estos servicios en Granada. En total, en Andalucía los procedimientos solo alcanzaron los 170, una cuantía que según informa la Junta en una nota, se vio incrementada con doce sanciones más por ofertar y publicitar este tipo de servicios por diferentes vías, por lo que el año cerró con 182 sanciones, un 30% más que en 2013.

El importe de las multas por transporte ilegal de viajeros oscila entre los 1.380 euros y los 2.760 dependiendo de factores como "reincidencia, gravedad de la infracción, magnitud de los beneficios obtenidos de forma ilícita o el perjuicio causado o la repercursión social", indica la Junta que recuerda que a partir del 31 de diciembre este tipo de infracciones va acompañado de la inmovilización de los vehículos hasta el abono de la cuantía.

La iniciativa, recogida en el Decreto Ley 17/2014 para la adopción de medidas de control del transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo fue promovida para reforzar el control del intrusismo del taxi planteada por el propio sector. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia junto con la Junta los encargados de poner estas sanciones en la provincia de Granada.

En la capital, la concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Telesfora Ruiz, afirmó ayer que la incidencia de estos taxistas piratas es mínima. Según explicó, se sabe que hay algunos coches con conductor que desarrollan su actividad para hoteles o otros establecimientos. No obstante, la edil reconoce que alguna vez también se han detectado conductores que vienen de los pueblos y cobran por traer a vecinos al médico, o a hacer papeleos a la capital.

La Policía Local participa en la localización de estos conductores que ofertan un servicio ilegal que supone una desprotección para el consumidor con tarifas abusivas o una falta total de derechos como la cobertura del seguro obligatorio del automóvil. El problema, según la edil, es la detección pues resulta localizar a estos conductores. Una tarea que sería más sencilla si los usuarios denunciasen.