Ayuntamiento de Granada

La deuda comercial de Granada crece 5 millones, según Podemos-IU

  • La coalición pide el fin de las "políticas perversas" del gobierno bipartito que asfixian a cientos de proveedores autónomos

La fachada del Ayuntamiento de Granada con la iluminación navideña La fachada del Ayuntamiento de Granada con la iluminación navideña

La fachada del Ayuntamiento de Granada con la iluminación navideña / Jesús Jiménez / PhotographersSports

El grupo de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su preocupación por la situación de la economía municipal, y denunció que el equipo de gobierno local, de PP y Cs, ha aumentado la deuda comercial "cinco millones más".

La coalición ha criticado que, un año después de que el Ayuntamiento aprobase su último plan de ajuste, en el cual se comprometía a bajar su morosidad con los proveedores "en casi 14 millones de euros, nos encontramos con que ésta ha aumentado en cinco millones". En enero de 2020 la deuda comercial alcanzaba los 103 millones de euros y a 30 de noviembre superaba los 108 millones, especificó el concejal de la confluencia Paco Puentedura.

El plan de ajuste "asumió un rescate por el cual dejaba de pagar deuda financiera para poder cubrir las necesidades del periodo medio de pago", si bien, "a día de hoy, se tarda 194 días en pagar facturas", indicó Puentedura.

"Esta situación es especialmente alarmante hoy día, ya que los granadinos se encuentran en una situación límite por la crisis económica, y su Ayuntamiento se demora casi ocho meses en pagarle a cientos de autónomos que le prestan servicio", afirmó.

El concejal recordó que incumplir con la ley de morosidad aumenta los intereses de demora y que "a lo largo de 2020 el Ayuntamiento ha sido condenado en sentencia firme por cuatro millones de euros en intereses de demora por no pagar sus facturas a tiempo, y hay procedimientos judiciales abiertos que reclaman al Consistorio otros seis millones de euros por la misma razón". Estos “mazazos a la economía" sostiene, implican recortes en los servicios públicos que afectan a la ciudadanía.

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