Un multichat en Whatsapp, un objetivo, un desembolso de unos 30 euros por persona y un grupo de agentes granadinos de Policía Nacional dispuestos a echarle un pulso judicial a la Administración para que "se cumpla la legalidad". Así nació en 2017 una demanda colectiva contra la Dirección General de la Policía (DGP) que ahora, dos años después, ha conseguido un fallo judicial, contra el que no ha habido recurso, a su favor: la DGP tendrá que sacar a concurso extraordinario antes de que finalice el próximo mes de febrero de 2020 un total de 6 plazas en Granada capital y 16 en Motril que desde hace años se repartían por comisión de servicio, sin que se pudiera optar a ellas como destino.

En el año 2013, la DGP, a través de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, sacó seis plazas en comisión de servicio para la comisaría local de Policía Nacional de Motril. Esta práctica, que resulta habitual en el Cuerpo, estipula que cada plaza dispuesta para dicha comisión se oferta por un plazo de seis meses con posibilidad de otros seis de prórroga para un mismo funcionario. Sin embargo, existe la posibilidad de que se de una nueva prórroga que en cuyo caso sería adjudicada a otro agente distinto al que hasta el momento había asumido la misma, algo que realmente no sucedía: por lo general, el mismo funcionario continuaba prorrogando su comisión en Motril. Y es que a todo ello cabe añadir que para dichas comisiones no se exigen, según los denunciantes, mérito, capacidad o antigüedad alguna por parte del policía que la solicita, por lo que se adjudicaría "a discrecionalidad de la DGP", tal y como denuncian.

Cuatro años después, en febrero del 2017, el Cuerpo sacó a concursas otras diez plazas más para la citada comisaría local, con lo que se elevaban a 16 el número de plazas en comisión de servicio para Motril. Esto suponía dos cosas: por un lado, la necesidad de ampliar de forma definitiva dicha plantilla ya que eran cuatro años los que venían prorrogándose las comisiones de servicio debido que ahora se multiplicaban.

Por otro lado, significaba un plus de dificultad para aquellos agentes que, por concurso de méritos, querían optar a una plaza en la Costa de Granada. Y es que se trata, al igual que el resto de la provincia, de una zona muy solicitada a nivel nacional en la que ya se acumulaban 16 plazas menos para optar como destino.

Ante ello, un mes después, un grupo de más de 70 agentes comenzó a reunirse para denunciar una situación que, de forma similar, ya había ocurrido en otros puntos del país como Asturias o León y en las que la Justicia había fallado a favor de los demandantes.

Contactaron con el abogado que había logrado el fallo a favor en Asturias y que, por tanto, contaba con experiencia en este sentido, reunieron los más de 2.300 euros necesarios para llevar a cabo esta batalla judicial –para ello desembolsaron unos 30 euros por personas– e iniciaron una guerra para la que, según explicó uno de los agentes implicados a Granada Hoy, no contaron con el apoyo de las organizaciones sindicales del Cuerpo.

Al tratarse de una demanda que iba directamente contra la DGP, cuya sede está en Madrid, interpusieron en dicha comunidad autónoma el recurso contra la resolución de febrero por la que se efectuaban las plazas en comisión de servicio, algo que hicieron por la vía contenciosa-administrativa en verano de 2017.

Tras dos años de batalla judicial, el Tribunal Superior de Madrid admitió a trámite dicho recurso, fallando dicho juzgado a favor el pasado 25 de septiembre de 2019. Sin embargo, no ha sido hasta diciembre cuando se ha confirmado el fallo, después de que desde la DGP no se haya recurrido la decisión judicial.

Así, tal y como consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Granada Hoy, los magistrados fallan que "debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso (...), anulando la Resolución de la Dirección General, de 28 de Febrero de 2017 (publicada en la Orden General número 2228 de 13 de Marzo próximo siguiente), por la que se convocó Concurso General de Méritos nº27/2017, para la provisión de Puestos de Trabajo en las Escalas de Subinspección y Básica de distintas plantillas, a fin, única y exclusivamente, de que se proceda a ampliar la misma, con la necesaria publicidad y para que puedan ser solicitadas y cubiertas conforme al baremo reglamentario de méritos previsto en la propia Resolución antedicha".

Así, tal y como se dicta en el fallo, deberán incluirse "las de todos y cada uno de los puestos de trabajo correspondientes a la Escala Básica, cuya forma de provisión prevista en el Catálogo de aplicación fuera del Concurso General de Méritos, que la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental y/o en la Comisaría Local de Motril estuvieran cubiertos en comisión de servicios y que a fecha 28 de febrero de 2017 estas comisiones de servicios se hubieran alargado más de un año desde que se procedió a su otorgamiento".

De igual modo, también se dicta que también han de incluirse "las que la Administración actuante considere conveniente ofertar (...), que estuvieran cubiertos en comisión de servicios y que a fecha de 28 de Febrero de 2017 estas comisiones de servicios no se hubieran dilatado un un año desde que se procedió a su otorgamiento, motivando detallada y suficiente el concreto por qué no se convocan las que se considere necesario no ofertar. (...) Estos pronunciamientos vienen referidos a las vacantes que, encontrándose en una de las situaciones descritas, no hayan sido convocadas en Concursos Generales de Méritos posterior o posteriores a aquel al que viene referido el presente concurso, esto es al Concurso General de Méritos 27/2017".Al no haberse efectuado recurso de casación, las plazas tendrán que incluirse en el próximo Concurso de Méritos –antes de final de febrero de 2020– tal y como dicta la citada sentencia.