La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias para analizar la documentación que le ha remitido la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la contratación de un exempleado por parte de la empresa de Vivienda de la Diputación de Granada (Visogsa), cuando la institución era presidida por Sebastián Pérez (PP).

Según informaron ayer a Granada Hoy fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía, el asunto, en el que la Cámara de Cuentas pide que se investiguen "indicios de responsabilidad penal" por presunta prevaricación, "está siendo estudiado" y "en caso de que proceda" será "adjuntado" al Juzgado de Instrucción número 6, que se ha hecho cargo de investigar otras supuestas irregularidades en la contratación de personal de la empresa pública de la vivienda de la institución provincial, Visogsa.

El organismo de la Cámara de Cuentas decidió poner el caso en conocimiento del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para que se esclarezca si con la contratación del referido trabajador se pudo incurrir en algún delito, ya que éste había sido despedido previamente por motivos disciplinarios siendo gerente de Visogsa José Luis Hernández, que fue en su día alcalde de Guadix bajo las siglas del PSOE.

Fue el pasado 27 de abril cuando el pleno de la Cámara de Cuentas acordó poner el asunto en manos del Ministerio Público como consecuencia de un informe de su gabinete jurídico.

Según rezaba en el documento emitido a tal efecto, Visogsa aprobó una convocatoria para cubrir una plaza de analista, mediante la contratación de personal fijo, así como las bases para su selección. En las mismas, con la rúbrica de Pérez -de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público- se incluyó como requisito necesario para poder participar en el proceso selectivo, el de "no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo carácter...". Tras el indicado proceso selectivo, accedió a dicha plaza un extrabajador de Visogsa, J. M. M. P. (informático), "en virtud de Resolución de 17 de abril de 2015 del presidente del consejo de administración de la empresa pública de vivienda, Sebastián Pérez. Se da el caso de que este empleado perteneció a la plantilla hasta septiembre de 2010, "fecha en la que fue dado de baja por despido disciplinario".

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo confirmó por sentencia en abril de 2011. El motivo no fue otro que el "incumplimiento" de la obligación de dar cuenta de una avería del disco duro en mayo de 2009 y la decisión dolosa de destruir dicho disco duro sin comunicarlo a sus superiores.