Granada

La directora del Legado, libre de sospecha ante el 'carpetazo' político del caso de los cursos

  • La presidenta de la Junta exige al PP que "pida perdón" a todas las familias que lo han pasado mal

Un año y tres meses después de que fuera detenida por primera vez en su domicilio frente a sus hijos, Marina Martín, ex delegada de Empleo de la Junta de Andalucía y actual directora de la Fundación El Legado Andalusí, está a punto de quedar libre de sospecha. El anuncio de que la juez María Nuñez Bolaño archivará próximamente la pieza política de la macrocausa de los cursos de formación, en la que aparecen 24 personas como investigadas por una presunta red de "clientelismo político" a través de las subvenciones para la realización de actividades formativas, levanta el cerco judicial y político al que se ha visto sometida la exdelegada.

En todo caso, según la información facilitada por fuentes judiciales, la jueza considera que se habrían cometido irregularidades administrativas en el control de las subvenciones, pero no aprecia delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la gestión de los investigados.

La filtración de esta decisión judicial, que todavía no se ha producido, ha desatado una tormenta política a cuatro días de las elecciones. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita a Granada el pasado miércoles, criticó a sus rivales políticos por "difamar" a los cargos socialistas, recordando que mucha gente lo ha pasado mal, "como Marina Martín, a la que detuvieron delante de sus hijos". De hecho, ayer la presidenta pidió al PP que pidiera "perdón" por el daño causado a "decena de familias". En el último año, los populares han pedido en varias ocasiones el cese inmediato de Martín de la dirección de El Legado Andalusí. La primera vez, el mismo día de la detención, el 25 de marzo de 2015.

Tras ese primer arresto ordenado por la juez Mercedes Alaya, antigua instructora del caso, la ex delegada de Empleo volvió a ser detenida en junio por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En esa redada, diferente de la operación Barrado, también fueron arrestados dos jefes de servicio de la Delegación de Empleo de Granada.

En su día, la juez Mercedes Alaya -ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla- aseguró en distintos autos del caso de los cursos que desde la Consejería de Empleo de la Junta se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político", una idea que decae con el futuro archivo de la pieza política de la causa judicial, que aún no se ha producido.

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