Granada

La doctrina del Nevada, sobre la mesa de la jueza

  • La Audiencia Provincial dictaminó que los miembros de la junta de gobierno son responsables de lo que votan

Los miembros de la junta de gobierno del PP, en el punto de mira.

Los miembros de la junta de gobierno del PP, en el punto de mira. / archivo

En su última declaración ante la jueza, el pasado 27 de marzo, el exalcalde José Torres Hurtado aseguró que no entendía nada de Urbanismo y que seguía el criterio de los técnicos, pese a tener que sacar muchos temas adelante con su aprobación y con su voto. Y que lo mismo ocurría con los restantes miembros de la junta de gobierno local. Esta era la comparecencia que la magistrada esperaba para tomar una decisión sobre la posible imputación o no de los otros ocho miembros de este órgano ejecutivo, que con su voto permitieron el funcionamiento de la discoteca del Serrallo.

Además de Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto (área de donde llegó la propuesta), el pasado 26 de julio de 2012 votaron también a favor del cambio de horarios, que permitiría la apertura y el funcionamiento de ese negocio, Juan Antonio Mérida, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés y Vicente Aguilera.

La magistrada esperaba escuchar a Torres Hurtado para imputar o no a la junta de gobierno

Sobre la mesa de la jueza de Instrucción 2 está la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada relativa al caso Nevada, en el que fueron condenados los miembros de la comisión de gobierno (anterior denominazión de ese órgano) por votar a favor de la concesión de licencia de obras del centro comercial. Aunque estos ediles fueron absueltos más tarde por otras cuestiones, la acusación popular considera que hay una doctrina, "ampliamente respaldada por el Tribunal Supremo", que hace responsables directos de todo lo que votan a los miembros de un órgano de gobierno local.

El simple seguimiento de directrices de voto o acción automática no sería un argumento exculpatorio, pues la Audiencia recordaba que la Ley hace a los miembros de las corporaciones locales responsables civiles y penales "por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de su cargo". La acusación recuerda también que los ediles tenían dedicación exclusiva y "retribuciones amplias cuantitativamente".

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