La Delegación de Educación en la provincia de Granada ha tramitado en los últimos cuatro cursos escolares tres requerimientos de subsanación por el cobro de cuotas económicas en centros educativos concertados.

La información ha sido facilitada a través del portal de transparencia. Estos tres casos se registraron en el 2014/2015, el 2016/2017 y en el pasado 2017/2018, mientras que en el 2015/2016 no se registró ningún requerimiento de subsanación.

Un informe elaborado por Ceapa indicaba que en la mayoría de estos centros se cobran "cuotas obligatorias"

La normativa nacional establece que el concierto educativo "obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto", según se especifica en el Real Decreto 2377/1985. En la misma norma se añade que "por la impartición de las enseñanzas del nivel educativo objeto del concierto no se podrá percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga una contrapartida económica por tal actividad". 

El Granada, el servicio de Inspección de la Delegación territorial es la que controla que así sea en los centros concertados, que pueden cobrar por servicios complementarios, tales como comedor o transporte escolar, o actividades complementarias (visitas) o extraescolares, ya fuera del horario lectivo. Esta oferta es siempre voluntaria para el alumnado y los precios son dados a conocer a la Administración. Según la estadística de la Consejería, el pasado curso 21.320 estudiantes estaban matriculados en centros concertados de la provincia.

Sin embargo, pese a la normativa, el pasado verano la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) hizo público un informe que indicaba que "la mayoría de colegios concertados cobran cuotas obligatorias a las familias por la enseñanza en etapas obligatorias". En el caso de Andalucía (no se indican datos provinciales) la cuota base promedio es de 63 euros tras analizar los datos de quince colegios. 

La Administración corre con los gastos de personal, mientras que uno de los problemas que siempre han alegado los concertados es la infrafinanciación y la dificultad para hacer frente a los gastos que supone el mantenimiento de sus infraestructuras, que corre a cargo de los titulares. Según los informes publicados por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) la Junta abona el 46,7% del coste real de una plaza en la concertada. Así, los centros cuentan con una serie de actividades con las que recaudan fondos (como fiestas o comidas con las familias) y paliar esa infrafinanciación.

Tras conocer el informe de Ceapa, recientemente el Gobierno anunció que "va a analizar los pagos que las familias hacen en los colegios concertados" , algunos de ellos "altísimos", ya que la enseñanza concertada está financiada "estrictamente" por el Estado. Lo dijo la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, en declaraciones recogidas por Efe. "No es admisible" y lo vamos a "analizar", ha enfatizado. Celaá distinguió entre los colegios privados, que pueden poner las cuotas como mejor les parezca a padres y profesores y los colegios concertados .