Granada

El empresario Tomás Olivo ejerce la acusación popular en el caso Serrallo

  • Aparte de la Fiscalía y la promotora del Centro Nevada, hay otras tres partes acusadoras

El empresario Tomás Olivo, dueño de General de Galerías Comerciales, la empresa promotora del Centro Comercial Nevada de Armilla, ejerce la acusación popular en el denominado caso Serrallo, la investigación judicial abierta por presunta prevaricación urbanística en la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una parcela aledaña al centro comercial Serrallo Plaza.

Según informaron fuentes del caso, en la causa penal, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital y en la que están imputados cinco altos cargos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y un promotor, existen un total de cinco acusaciones.

La personación de la empresa de Tomás Olivo en la causa fue aceptada "al inicio del proceso" y "tras el pago de una fianza de 6.000 euros", precisaron las fuentes. Aparte de ella y de la acusación pública que ejerce el Ministerio Fiscal, son también partes acusadoras el partido político VOX, que está representado en el proceso por el letrado Jorge Fernández Díaz, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En ambos casos, ejercen de igual modo la acusación popular. Existe además una acusación particular, ejercida por J.S.P., que es la persona cuya denuncia dio lugar a la investigación previa de la Fiscalía, que acabó llevando el caso a los tribunales.

Los imputados declararon en los primeros meses del año y hace tan solo unos días que compareció en el juzgado en calidad de testigo y perito J.R.H., el que fuera director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada cuando se construyeron la discoteca y la pista de patinaje. Este se ratificó, según las fuentes consultadas, en los extremos del informe aportado a la causa en el que advirtió de las presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con los espacios ocupados y posibles incumplimientos de la concesión administrativa.

En los próximos días se producirán las declaraciones de otros testigos, entre ellos, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y un inspector de Ordenación del Territorio de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Andalucía, que lo hará en calidad de perito. Las fuentes precisaron que estas testificales están fijadas para los días 20, 26 y 27 de octubre. Además, el 3 de noviembre está citada también como testigo la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP).

La causa judicial se abrió en febrero de 2014, después de que el Ministerio Fiscal apreciase "indicios racionales" de una posible prevaricación urbanística o común en la conducta de los cinco altos cargos municipales de Urbanismo que intervinieron en la operación, así como de un posible delito contra la ordenación del territorio por parte del empresario que construyó la discoteca-sala de fiestas en lugar de un parque de atracciones infantil.

En su denuncia, el fiscal consideró que se modificaron indebidamente los usos de esos suelos, contraviniendo lo establecido en el PGOU. Sobre el papel jugado en este asunto por el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), el Ministerio Público no apreció "datos" contra él, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo".

Por su parte, tras tener conocimiento de la denuncia penal, la empresa de Roberto García Arrabal, Inversiones Área Sur, que es la promotora de la actuación urbanística, defendió su legalidad.

Entre los técnicos denunciados figura el que fuera en su día número dos del área, Manuel Lorente Sánchez- Palencia, que ahora es director Técnico de Obras. El resto son el director general de Licencias; el arquitecto jefe del Servicio; la actual directora general de Urbanismo; y el coordinador del Área de Urbanismo y Obras.

La Fiscalía apreció la supuesta prevaricación en "la aprobación de las licencias" y "el proyecto de urbanización realizado por la Comisión Ejecutiva del Ayuntamiento de Granada", así como en supuestos informes favorables emitidos, "contrarios a la normativa urbanística". La Fiscalía comenzó a investigar estas supuestas irregularidades en julio de 2013, tras una denuncia formulada por el particular J.S.P., luego ampliada con el informe del ex director de la Gerencia de Urbanismo.

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