"El proyecto del teleférico a Sierra Nevada sigue vivo". Es la postura del grupo de empresarios que promueve esta infraestructura después de que el consejero de Fomento, Felipe López, anunciara en su última visita a Granada que los plazos para que la sociedad Teleférico Sierra Nevada SA deposite el aval de 1,2 millones de euros ya se han cumplido y que, si no se reactiva el proyecto, quedará archivado por desistimiento.

Sin embargo, los empresarios niegan que exista una prórroga y se reafirman en que su horizonte es que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que 'resucitó' el proyecto al anular las resoluciones por las que la Junta de Andalucía denegó en 2007 y 2008 la solicitud para la concesión de un servicio público de teleférico, acordando la retroacción de las actuaciones al momento previo de la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. "Queremos que se estime la conveniencia de poner en marcha la infraestructura, que es lo que dijo el juzgado, no formalidades para dilatar el asunto", apuntan. "A nuestro entender no cabe tener que aportar más documentación, lo que hace el Supremo es retrotraer las actuaciones al momento previo de hacer la declaración de impacto, pero teniendo en cuenta todos los informes que obran en los expedientes, por lo que no procede actualizar los expedientes porque los temas técnicos ya están cumplimentados", defienden los promotores del teleférico a Sierra Nevada, que se convertiría en el más largo del mundo en caso de materializarse. Así que el proyecto sigue estando sobre la mesa a la espera de que se produzca una "apuesta política" para dar seguridad a los inversores. "Nadie va a poner la financiación y el capital necesario si el titular de la infraestructura, la Junta de Andalucía, no está involucrado al cien por cien", señalan.

Respecto al aval de 1,2 millones que reclama la Junta de Andalucía para que el teleférico deje de compartir cajón con otros proyectos olvidados como el gran espacio escénico, los empresarios defienden que es un "requisito formal" y que la sentencia del Supremo les exonera de tener que cumplir con este trámite. Así que su primera reclamación es que la Junta de Andalucía vuelva a emitir una nueva valoración sobre el estudio de impacto medioambiental. "Pero eso no implica que se haga de forma inmediata, porque después tendrá que salir a licitación ya que nosotros somos los promotores de la iniciativa, pero puede llegar cualquier empresa que cumpla con los requisitos de solvencia y quedarse el proyecto", señalan los empresarios, que sólo piden "voluntad política" ya que se trata de un transporte público que, como el Metro, "contribuiría a reducir los coches en circulación y los gases contaminantes". "No se trata de recalificar un solar", insisten.

Los empresarios están a la expectativa de nuevos movimientos en la Consejería de Fomento ya que descartan acudir de nuevo a los tribunales, lo que podría volver a dejar paralizada la tramitación entre siete y ocho años. "La sentencia del Supremo estipulaba que se tenía que presentar de nuevo el estudio de impacto medioambiental, pero con todos los informes que obran ya en el expediente", apuntan los promotores, para quien este paso sería sólo una declaración de intenciones para ponerse a trabajar en los requisitos técnicos y económicos para que sea un proyecto sostenible. Y, aunque en principio se cuantificó la inversión en 180 millones, apuntan que el proyecto podría redimensionarse para reducir costes. "Para esto necesitamos que la Junta o algún político de la ciudad coja el proyecto debajo del brazo", concluyen sobre un diseño que, en su momento, tuvo al exalcalde Torres Hurtado como uno de sus grandes defensores.