Granada

Los empresarios dicen que el "nuevo retraso de la A-7 es una tomadura de pelo"

  • Piden a Fomento que apoye de manera decidida el paso del Corredor Ferroviario por el litoral granadino.

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, ha calificado de "tomadura de pelo" las declaraciones del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, respecto a que la Autovía del Mediterráneo (A-7) no estará acabada a su paso por Granada en 2012. 

Según ha relatado Cuerva en un comunicado, "la A-7 ha sufrido incontables retrasos en los últimos años, siempre en perjuicio de la provincia de Granada, y ahora -añade- el Gobierno admite lo que ya nos temíamos, que tampoco esta vez se cumplirán los plazos anunciados" por Fomento.

A su juicio, con la palabras de Morlán el Ministerio de Fomento "se ha quitado definitivamente la máscara y ha admitido la realidad" después de "engañar" a los granadinos en los últimos años.

También ha hecho referencia a la posibilidad de que Granada quede fuera del trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo, "otra noticia pésima para el futuro de nuestra provincia", ha dicho. 

La CGE siempre ha respaldado la construcción de este gran eje férreo a través del Mediterráneo por "los enormes beneficios que supondrá para la provincia" y, por ello, ha pedido a Fomento que apoye de manera inequívoca ante la Unión Europea esta infraestructura, "porque no podemos permitir que, por la falta de compromiso del Gobierno español, esta conexión ferroviaria sólo llegue a Valencia o Murcia y deje fuera al litoral granadino".

Así, ha asegurado entender la difícil coyuntura económica que atraviesa el país, y que eso repercutirá en el esfuerzo inversor de las administraciones públicas, pero se ha mostrado convencido de que el recorte de gasto público "puede ser mayor en otras áreas menos imprescindibles para la economía como las infraestructuras y el transporte".

De hecho, ha abogado por realizar recortes a través de otras iniciativas como la reducción de altos cargos públicos, la supresión de empresas públicas deficitarias o la privatización de algunos servicios públicos que ahora presta la Administración.

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