Cinco años de cárcel por haber incorporado de forma indebida a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de facturas con cargo a la Fundación García Lorca. Esta es la petición fiscal a la que se enfrenta el que durante doce años fue secretario de la Fundación, Juan Tomás Martín, hasta que se produjo su cese en junio del año 2015, una vez estalló todo el escándalo.

En el año 2003, Martín aterrizó en la Fundación García Lorca, tan solo ocho meses antes de que las administraciones firmaran el protocolo para construir el actual Centro Lorca. En esa época, el presidente del Gobierno era José María Aznar, que para entonces ya había mostrado su compromiso para edificar este espacio, que hoy alberga parte del legado del poeta en la Plaza de la Romanilla, y para conseguir financiación de los Fondos Feder en el marco europeo 2000-2006.

Remitió facturas desde su empresa con cargo a la entidad que le fueron abonadas

Precisamente en esta época (año 2003), habría sido cuando Martín falsificó la firma de la presidenta de la Fundación, Laura García-Lorca, para recibir el 15% de todas las ayudas que llegaran, pese a que el acuerdo real al que había llegado con la sobrina del poeta -también muy criticado por las instituciones- fue del 4%. Además, también en ese periodo decidió ponerse un sueldo de 9.000 euros que habría llegado a ser de 12.000 según sus últimas nóminas.

En total se pudo hacer con 2,5 millones de euros de las subvenciones que por entonces llegaron para la construcción del Centro Lorca. Además, también estaba en liza el agujero de 4 millones de euros del crédito que se solicitó a La Caixa durante su gestión. Todo ello dinero que gestionó a través de su empresa Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento (DTYSC). Y es que Martín se había convertido en la mano derecha de la sobrina del dramaturgo granadino, quien incluso le habría llegado a confiar hasta las claves de la cuenta bancaria de la Fundación para que pudiese operar telemáticamente.

Al tener constancia de las irregularidades, Laura García-Lorca interpuso una denuncia contra Martín, a raíz de la que en junio del año 2015 fue cesado de su cargo. Sin embargo, tras su marcha de la Fundación, se llevó toda la documentación relativa a la construcción den Centro Lorca, y durante varios meses permaneció ilocalizable pese a que había sido requerido con insistencia por las instituciones para que entregase ese expediente sobre ña gestión realizada con el dinero público durante siete años.

En su primera comparecencia ante el juez en el año 2016, Juan Tomás Martín asumió la responsabilidad, aduciendo que el dinero defraudado se destinó a distintos proyectos educativos en Sudamérica que no fructificaron.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, el fiscal relata que el acusado "actuando como administrador de la sociedad mercantil Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento S. L. firmó un contrato de prestación de servicios con la Fundación Cultural Federico García Lorca". Dicho acuerdo preveía que Juan Tomás Martín prestara un servicio de asesoramiento técnico una coordinación estratégica para el proyecto de la construcción del Centro García Lorca.

Además, este convenio incluía un párrafo que decía: "Asimismo, en caso de que Desarrollo de Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, esta presentará su correspondiente factura que deberá ser abonada en los mismo términos que los establecidos en el presente acuerdo".

Tal y como recoge el escrito del fiscal, la Fundación recibió una subvención total por alrededor de 19.000.000 euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4%, que previamente había pactado con Laura García-Lorca.

Sin embargo, Juan Tomás Martín facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15% de las ayudas recibidas.

Por este motivo, la Fiscalía sostiene que el acusado "incorporó indebidamente a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la Fundación Federico García Lorca".

Dicha cantidad de dinero fue abonada por la Fundación al acusado "en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato (...) habiendo realizado el propio acusado las transferencias para abonar las facturas, abusando de la confianza que la Fundación tenía depositada en él".