La familia del trabajador boliviano que murió en un accidente laboral en Maracena (Granada) en 2005 no ha aceptado el acuerdo que le proponían las defensas de los seis imputados y esperará a que el juez dicte sentencia después de que el juicio haya quedado hoy visto para sentencia.

Las acusaciones, entre ellas las populares ejercidas por UGT y CCOO, se han reafirmado en sus penas, que oscilan entre los dos y los catorce años.

Al término del juicio de hoy los abogados de los encausados han mantenido una reunión con la representación legal de la familia y los sindicatos, en la que pedían que mediante el pago de 180.000 euros en concepto de indemnización se bajaran las penas a dos años para los dos empresarios y el coordinador de la obra, mientras que los otros tres debían quedar libres.

La familia ha decidido seguir adelante con el procedimiento y no aceptar este pacto -que era el tercer intento por parte de las defensas-, según ha explicado a Efe el secretario general de la Construcción de CCOO, Francisco Quirós.

Para los dos empresarios, los sindicatos UGT y CCOO, personados como acusación popular, piden 13 años y 14 años y medio de prisión para cada uno, respectivamente, por los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad e higiene en el trabajo, imposición a los trabajadores de condiciones laborales que perjudican sus derechos y emplear a extranjeros sin permiso de trabajo.

Ambos socios negaron en su declaración de ayer que la obra careciera de medidas de seguridad y que los empleados sin documentos estuvieran explotados.

El primero de ellos, M.A.S., que ejercía como comercial de la empresa, quien ha asegurado que los operarios siempre tenían cascos, botas, guantes y cinturones de seguridad, además de una cuerda de vida para el que subiera al andamio, situado a unos ocho metros cuando cayó la víctima.

En relación a las supuestas coacciones a la familia de la víctima para que no hablaran, el acusado negó también que se produjeran porque "no tenía lógica" ocultar el accidente.

El otro socio de la empresa, M.R.L., que se encargaba de supervisar los trabajos, manifestó ante el juez que el equipamiento de seguridad iba con el resto de la obra y ha explicado que, aunque no tenía formación específica, él era el encargado de vigilar como se montaban, aunque desconocía que no pudiera colocarse a más altura de seis metros -la obra en la que trabajaban era de diez metros de altura-.

El arquitecto, L.A.P., para quien UGT pide seis años de prisión por homicidio imprudente y un delito contra la seguridad e higiene, aseguró que sólo redactó el proyecto básico y de ejecución, pero que no se encargó de dirigir la obra.

El hermano del segundo de los socios, C.R.L., al que se le imputa homicidio imprudente, delito contra la seguridad y omisión del deber de socorro, por lo que le piden ocho años de cárcel por considerarlo coordinador de la obra, manifestó que la víctima no debía estar subida al andamio porque no era su función y que no vio cómo ocurrieron los hechos porque estaba de espaldas.

También están imputados dos trabajadores, entre ellos la mujer del segundo socio, a los que se acusa de limpiar la sangre del fallecido y colocar las medidas de seguridad de las que supuestamente carecía la obra, por lo que se les pide dos años de cárcel a cada uno por encubrimiento.

El obrero falleció tras caer de un andamio a una altura de ocho metros cuando trabajaba en la construcción de un habitáculo para colocar un ascensor en un edificio de la localidad de Maracena.