La exclusión residencial es una realidad. Tras ocho años de crisis en los que el paro ha dado pocas treguas a Granada y que se han saldado con un número incesante de desahucios, son miles los granadinos que se han quedado fuera del mercado inmobiliario 'tradicional'. Pedir un crédito hipotecario y comprar una vivienda por varios miles de euros nunca estuvo al alcance de todos, pero ahora está al alcance de muchos menos. De ahí que haya miles de familias en la provincia que esperan su turno para acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO), la única alternativa -fuera de los planes de emergencias sociales- para quienes no tienen posibilidades de hallar un hueco en el mercado libre.

En Granada, hay 7.301 familias a la espera de una VPO, lo que equivale a 20.197 personas inscritas en los distintos registros municipales de demandantes puestos en marcha a instancias de la Junta de Andalucía. La cifra, a pesar de que la promoción de viviendas protegidas está prácticamente parada -no ha sido, como se suponía, la salvación del sector de la construcción-, no ha dejado de crecer. Al cierre del mes de septiembre de 2014 había en los distintos registros 6.386 familias inscritas, lo que significa que en el último año la demanda de VPO se ha incrementado un 14,3%.

Los datos recopilados por la herramienta estadística de la Consejería de Fomento y Vivienda no sólo reflejan que en Granada hay necesidades habitacionales, sino que, además, se está comenzando a producir un cambio de paradigma estrechamente relacionado con la crisis económica: el 32,4% de los inscritos aspiran a acceder a una VPO en régimen de alquiler (3.355, para ser exactos), mientras que un 46,1% espera conseguir una vivienda en alquiler con opción a compra. Los menos son las 2.214 inscripciones de familias que quieren acceder a una VPO para comprar.

Esto también tiene mucho que ver con el nivel de ingresos de las personas que solicitan una vivienda de protección oficial. Según los datos de la Consejería de Fomento y Vivienda, un 69,4% de las inscripciones (5.066) corresponden a familias cuyos ingresos no superan el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que equivale a unos ingresos mensuales de 532,51 euros. A medida que aumentan los ingresos, disminuye el número de solicitudes. Otro 13,7% de los inscritos en el registro de demandantes de VPO tiene un salario que va de 1 a 1,5 veces el Iprem, y que siguen sin ser mileuristas; mientras que apenas hay 889 solicitantes (un 12,2%) que cobren entre 1,5 y 2,5 veces este índice, con unos ingresos máximos de 1.300 euros. A partir de ahí las cifras son mínimas: apenas hay 348 inscritos con ingresos superiores a 2,5 veces el Iprem.

Entre los solicitantes granadinos de viviendas de protección oficial, además, hay un importante peso de las familias monoparentales: un 10,2% de las inscripciones corresponden a núcleos familiares con un solo progenitor. Además, hay 435 familias numerosas a la espera de una de las viviendas en régimen protegido; 630 personas con discapacidad; y otras 160 con necesidades determinadas de accesibilidad.