El informe realizado por un catedrático de la Universidad de Granada, a favor de la legalidad de la discoteca del Serrallo, vuelve a ser objeto de controversia dentro del proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por los posibles delitos cometidos en la construcción y apertura de esa sala de fiestas en terrenos reservados para un parque infantil. La fiscal Sara Muñoz-Cobo acaba de pedir que el Ayuntamiento de la capital aclare formalmente la circunstancias que rodean a ese trabajo pericial que favorece las tesis de las defensas y que ya fueron desveladas por este periódico.

La jueza del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez Muñoz, tomó la decisión hace pocos días de dejar fuera de la instrucción este informe pericial firmado por el catedrático Estanislao Arana, al considerarlo "extemporáneo". El documento, que defiende la legalidad de todas las decisiones adoptadas en este asunto por los investigados en el caso, fue aportado a la causa por el Ayuntamiento de Granada, que oficialmente está personado como acusación particular. Granada Hoy desveló el mes pasado que la pericial fue encargada por el gobierno local del PP pocos días antes de perder la Alcaldía, el 27 de abril de 2016, y que el documento ha costado a la ciudad 10.312 euros IVA incluido. La fiscal del caso pide ahora que la juez admita este documento, pero que el Ayuntamiento de la capital haga constar oficialmente al Juzgado quién encargó el trabajo al profesor universitario, "así como el importe abonado", según consta en su escrito.

Considera la fiscal que se ha producido un "grave perjuicio" económico a la ciudad

El abogado de la acusación popular de VOX, Jorge Carmelo Fernández Díaz, ha remitido también un nuevo escrito relativo al "dichoso informe", en el que apoya la decisión de la jueza de rechazarlo, aunque comparte las dudas que la pericial genera a la propia fiscal, respecto a la parte que lo encarga y lo paga. La presentación por parte del Ayuntamiento, que es acusación en esta causa, es objeto de críticas por parte de este letrado, quien considera que los actuales responsables municipales "olvidan el papel procesal que debe presidir una acusación, además de los graves perjuicios económicos generados a las arcas municipales por los hechos aquí investigados".

El Ministerio Público ha recurrido la decisión de la jueza de dejar fuera el informe y pretende que lo admita, con el objetivo esencial de que "ninguna indefensión o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva se pueda hacer valer por ninguna de las partes". Todo ello, al margen de la "valoración, objeción o consideración de dicho informe", lo que "se hará en su momento", expone la fiscal en alusión a un posible juicio oral posterior contra los hoy investigados.

La jueza consideraba "extemporáneos" éste y otro informe presentado también por el Ayuntamiento (que sostenían tesis opuestas) porque la fase de instrucción de este caso se encuentra en teoría en su fase final, incluso se podría decir que en una especie de prórroga. Esto es porque la magistrada ya legó a cerrar la investigación en enero pasado con un auto de apertura de procedimiento abreviado (el paso siguiente hacia una apertura de juicio oral). Pero tanto la Fiscalía como la acusación popular de Vox recurrieron ese auto y permitieron continuar hasta que se practicaran una serie de diligencias de investigación propuestas, algo que la jueza admitió y, de hecho, ha provocado que el caso haya crecido exponencialmente desde entonces, con la imputación de once personas más, entre ellas el exalcalde, José Torres Hurtado, y los miembros de su junta de gobierno, que votaron a favor de las modificaciones necesarias para la apertura de la discoteca en el Serrallo.

La fiscal del caso expone en su recurso que está de acuerdo en que la investigación está en una recta final en la que se deben ultimar las diligencias ya encargadas y que aparecían en sus recursos. Pero recuerda a la jueza que el informe pericial de Arana es de fecha anterior al auto de procedimiento abreviado y que su aportación "no parece que produzca dilación". Pero eso sí, del mismo modo pide aclaraciones al Ayuntamiento de la parte que ha encargado ese informe pericial y su precio, datos que se hicieron públicos por este periódico mediante la publicación de la orden firmada por el entonces alcalde en funciones Juan García Montero y la factura presentada al Ayuntamiento.

El informe tiene fecha de 24 de agosto de 2016 y ha sido elaborado por un catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Granada que ya había realizado trabajos anteriores para el promotor de la discoteca del Serrallo, Roberto García Arrabal. En concreto consta en el sumario del caso Nazarí (investigado por el mismo Juzgado) un informe encargado por la misma empresa promotora para avalar ante el Ayuntamiento de la capital la legalidad urbanística de la residencia que tenía proyectada en los terrenos deportivos del Campus de la Salud, otro de los asuntos que están siendo objeto de investigación judicial y que fue objeto de reparos por algunos funcionarios municipales.

La acusación particular se sigue oponiendo a la admisión del informe pericial de Arana sobre el Serrallo y ha puesto en duda la parcialidad de este especialista por sus informes de "cobertura" a García Arrabal. También informó al Juzgado mediante un escrito de posibles implicaciones personales del catedrático con el promotor -que es el constructor de su propia vivienda, junto al Serrallo- y con otros investigados de este caso y del Nazarí, pues han trabajado juntos en un buen número de cursos -la mayoría dirigidos por él- y en la publicación de manuales.

El letrado expone en su escrito que las partes interesadas en hacer constar este informe pueden hacerlo en otro momento procesal, como en un posible juicio, "pero no como lo ha hecho el Ayuntamiento de Granada, de forma no solo extemporánea si no además sin guardar relación alguna con su postura o cualidad procesal en esta causa, a no ser que se tengan por su parte otros intereses no confesables en la misma".

El objeto de la pericial del Serrallo encargada a Arana por el Ayuntamiento no era solo delimitar si la discoteca es acorde a la normativa, si no valorar la actuación posterior de la exconcejal de Urbanismo investigada, Isabel Nieto, que mediante un decreto autorizó el levantamiento y cancelación de las cargas urbanísticas sin que se hubiera hecho antes la liquidación del sistema de compensación. Es decir, sin que se hubieran aclarado las cuentas pendientes sobre deudas y cargas entre el promotor y el Ayuntamiento. Arana concluye su trabajo diciendo que esa forma de proceder de Nieto, a pesar de su "inoportunidad" e "innecesariedad", "no es contraria al ordenamiento jurídico ni implica perjuicio alguno para el interés general".

Esta última cuestión será el objeto de una prueba pericial encargada hace meses por la jueza y que finalmente ha sido encomendada a la Consejería de Economía de la Junta. El objetivo es confirmar las tesis apuntadas por la Policía Judicial en su informe sobre este caso, que alertaban de un posible perjucio para la ciudad de alrededor de dos millones de euros.

En su recurso fechado la semana pasada, la fiscal hace referencia a ese trabajo policial (que sostiene tesis contrarias al informe de Arana) y del que se deduce que los actos realizados por los investigados habrían provocado un "grave perjuicio para el Ayuntamiento y la ciudad de Granada". Por ello considera Muñoz Cobo que hay "indicios racionales" de la perpetración de los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación común, malversación de caudales públicos y, además, fraude en la contratación.

El Ministerio Público también propone que si la pericial económica confirma las tesis policiales se cite a una declaración ampliatoria a la antigua directora de Urbanismo, María Paz Spínola, que hizo un informe en positivo sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas del promotor. Por eso, la fiscal considera que puede haber incurrido en un delito de falsedad en documento público, además de su cooperación en delitos de malversación y fraude en la contratación.

El abogado Fernández Díaz recuerda también en su escrito que en estas diligencias se investigan otros delitos como los de cohecho, acoso o encubrimiento, a instancia de la acusación particular de Vox.