-¿Es usted consciente de haber hecho historia?

-No hay una conciencia total, viene con el paso del tiempo. Lo que sí hay, y es inevitable, es la certeza de que lo que se está haciendo no es lo típico, lo que se aprende en la Universidad: Derecho civil, penal, hacer juicios sobre hechos que sucedieron hace relativamente poco tiempo. Pero no se aprende a hacer juicios treinta años después. Ese fue el verdadero desafío y hay que repensar todo el derecho penal.

-Además de por las leyes como la de punto final. ¿Por qué en este tipo de casos es tan difícil juzgar a un presunto culpable?

-La razón más importante es que la profundidad que tuvo el terrorismo de Estado en Argentina y en la región fue tal que llegó a afectar al sistema de análisis, de razonamiento de la sociedad, incluido el derecho y los legisladores. Las leyes de punto final u obediencia debida se dictaron unos años después de restablecida la democracia y la Corte Suprema las ha declarado inconstitucionales. Sin embargo, había algo que impedía que se viera de esa manera. El peso de lo que significa el terror afecta cada rincón de la sociedad y de cómo esa sociedad reaccione va a depender como sea su vida. La dificultad más grande para juzgar los casos es que durante décadas se padeció el efecto profundo, extraordinario y destructivo del terrorismo de estado.

-¿Cuando se juzga a estas personas se está juzgando al régimen que los amparaba?

-Se juzga personas por hechos cometidos en un momento determinado por esas personas, ya sea de forma directa o bien porque tenían el mando para ordenarlas. Pero está implícito porque surge durante los juicios que había un régimen que estableció determinados reglas que implicaban el secuestro, tortura, desaparición, muerte, destrucción de pruebas y documentos y que mostraban que existía un plan sistemático. En el caso concreto del régimen argentino, ya había sido demostrado en los juicios a las Juntas Generales de 1985, donde quedó probado y no se discute. Por eso, había que probar la vinculación concreta del acusado con esos hechos. Ese régimen obedeció a un proyecto inicialmente económico, que incluyó la represión de todo aquel que se opusiera de alguna forma al proyecto. El diseño de ese plan siniestro de destrucción que apuntaba a un enemigo definido por el propio Estado. No estaba limitado a un sector social determinado. Ésta es una de las características trascendentales para incluirlo en la definición de genocidio.

-Incluso 30 años después, hay miedo. Durante el juicio llegó a desaparecer uno de los testigos, usted está amenazado... ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para estos hechos puedan ser juzgados?

-La característica del terrorismo de estado está dada por el terror. Son regímenes de terror que dejan su impronta en la mente de cada ciudadano. Cada uno sabe que su vida y la de su familia está en riesgo. Y una de las vetas más siniestras es la desaparición forzada de personas, que no es casual. Puede generar mucho más terror no saber qué pasó que tener el cuerpo, porque ello permite iniciar el duelo. Pero es mucho más terrorífico no saber dónde está, qué paso.

-Eso también convierte en víctima a la familia de los desaparecidos…

-Sin ninguna duda. Los desaparecidos son víctimas en sí mismas pero los familiares son víctimas porque han quedado atrapados por el resto de sus vidas en ese infierno. Y todos los que están alrededor también son víctimas porque forman parte de una sociedad que tiene que afrontar ese fenómeno. En el caso argentino, lo extraordinario es que se han creado espacios dentro del Estado para que el Estado que fue terrorista pueda llevar a cabo procesos judiciales de identificación de víctimas como tales. Eso no se ha dado en ningún lugar del mundo. Y fue el resultado de esa mezcla de actividades encabezadas por las propias asociaciones defensoras de los Derechos Humanos. El Estado vuelve a la democracia, se reinicia la actividad, pero tiende a especular. Es parte de la propia política. Y por otro lado, están los organismos de defensa de los Derechos Humanos que, por definición, no especulan. Todos esos grupos, como las Madres de la Plaza de Mayo, que se dedicaron a pedir justicia durante décadas de forma pacífica, son el ingrediente sin el cual hubiera sido absolutamente imposible que en Argentina se llevaran a cabo estos procesos. Tal vez, también la explicación de por qué no se ha llevado a cabo en otros países porque lo único que piden es justicia.

-Aquí se ha abierto un proceso similar y hay quien defiende que sería abrir heridas. ¿Cree que es así?

-Eso dependerá del posicionamiento del que opina, porque en el fondo es una cuestión ideológica, con una profunda base filosófica, pero también política y psicológica. En Argentina desde la restauración de la democracia comenzó la polémica y en cada caso con intereses distintos. Las víctimas no podían aceptar ninguna medida que significase olvido y que nadie iba a hacer justicia. Y de parte de los que consideraban que había que olvidar había un interés particular, haber sido directamente responsables o haber pertenecido al aparato que generó ese tipo de fenómeno. Y en el medio de unos y de otros hay una franja muy importante de población que, sin intereses de parte, legítimamente consideran que eso significa abrir heridas o que la única forma de cerrar esas heridas es con la verdad y con la justicia.

-¿Es ese el desafío?

-El desafío más grande de la convivencia es ese: cómo se hace para aceptar que el otro piense distinto. El problema es que una cosa es la conversación filosófica y otro muy distinto en el ámbito de la decisión, la responsabilidad de una parte concreta de la comunidad que tiene que tomar las decisiones correctas en función de los Derechos Humanos. Desde este punto de vista, la decisión no depende de una discusión filosófica sino de una cuestión estrictamente legal. También habrá interpretaciones sobre que ciertos delitos han prescrito, pero el Derecho de Gentes, previo a cualquier norma actual, establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben. En todo caso, el paso del tiempo sin juicios no es más que una prueba más de la afectación que hubo. Razonar de esa manera es el desafío.

-Porque lo que se trasluce, hay cosas que no son opinables.

-Hay que definir qué es negociable y qué no, es una cuestión ideológica. Para quien la vida, la libertad y el derecho a tener una vida segura es importante, sería injusto considerar que porque un gobierno no quiso, no supo o no pudo llevar a cabo los procesos, uno pierde el derecho a que eso sea juzgado.

-¿Usted fue criticado por otros compañeros de profesión?

-No de forma directa. No percibí en ese sentido de parte de colegas ningún tipo de desagrado, sabiendo que muchos piensan distinto. Pero el proceso se inició por convicción, no fue algo impuesto. Hizo falta 30 años, que los políticos tomasen la decisión de nombrar una Corte Suprema como la que se formó. Fue la decisión política con fuerte implicancia jurídica. Uno termina teniendo el poder judicial que refleja el tipo de sociedad que vive. Porque son los jueces los que van marcando qué tipo de sociedad se va diseñando, nombrados por los políticos. La sola circunstancia de generar duelos es un regalo para cada uno de los que integran la sociedad, es lo que se pierden los que no toman ese tipo de decisiones. Pero no se puede ni se debe eludir la responsabilidad de saber exactamente qué fue lo que pasó.