La denuncia del Ayuntamiento de Granada contra dos de sus funcionarios por el supuesto ataque informático para espiar nóminas ha quedado en una absolución antes de la finalización completa del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial. A la vista del relato de los testigos y del resto de pruebas de cargo, el fiscal optó ayer por retirar los cargos, a lo que se sumó también la abogada del Ayuntamiento de la capital, que era acusación particular en este caso.

La sentencia absolutoria servirá a uno de los acusados, José Antonio S.R., para reactivar una ofensiva judicial contra las mismas personas que lo denunciaron o contribuyeron al proceso penal que ayer quedó zanjado. El letrado de este funcionario, Jorge Carmelo Fernández Díaz, anunció que hay dos procesos relacionados, uno contencioso y otro penal, impulsados por su representado contra personas como el exconcejal de Personal, Juan Antonio Fuentes (testigo en este juicio) y otros altos cargos municipales con responsabilidades en la seguridad y la administración electrónica. El primero de los pleitos sería por vulneración de derechos fundamentales y el penal (en el que pedirá la reapertura de diligencias), por supuesta revelación de secretos y falsedad documental y estafa procesal. A juicio de este funcionario, los denunciados habrían "manipulado expedientes" para aportar a esta causa y a la del contencioso.

El fiscal entiende que los hechos se sucedieron en un contexto de "mal ambiente"

El juicio contra los dos funcionarios municipales comenzó el pasado jueves y en esa primera sesión los acusados explicaron que accedieron a los documentos (entre ellos la nómina del ex alcalde, José Torres Hurtado) para demostrar la vulnerabilidad del sistema informático que ellos habían puesto de relieve y conocer la magnitud de la falla.

Aunque ayer estaba prevista la continuación del juicio con nuevos testigos, entre ellos inspectores de la Agencia Estatal de Protección de Datos, el fiscal del caso, Francisco Hernández, anunció nada más comenzar la sesión que retiraba los cargos contra ambos acusados, que inicialmente eran de un delito contra la seguridad de sistemas de información, con penas de 16 meses de prisión.

Entiende el fiscal que no se produjo por parte de los acusados una vulneración como tal del Sistema de Información Municipal (SIM) y que los hechos sucedieron en un contexto de "mal ambiente" y "absoluta descoordinación" en ese departamento municipal.

Tras un breve receso para pedir "instrucciones", la letrada del Ayuntamiento de Granada también retiró su acusación contra los dos funcionarios, por lo que el tribunal consideró "innecesario" continuar con el juicio, que estaba señalado hasta el jueves, y anunció a los procesados su absolución.

Las defensas de los dos funcionarios, ejercidas por Fernández Díaz y Rafael López Guarnido, solicitaron que en la sentencia haya relato de hechos probados, en tanto que este caso generó la apertura por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de expedientes sancionadores a los dos trabajadores. Pedirán el archivo de esos expedientes, aunque quedaría pendiente el que afecta al propio Ayuntamiento, pues esa vulneración del sistema existió.