2012 ha sido un año funesto para aquellos que reclaman el derecho a la vivienda, para los que piden que la Ley Hipotecaria se ponga de parte de los débiles, de las miles de familias que se ven sin recursos y que, en última instancia, acaban perdiendo su hogar. En el último año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han cumplido 1.491 lanzamientos acordados por las autoridades judiciales granadinas. Esto significa que en doce meses se han quedado en la calle casi 1.500 granadinos, lo que deja una media escalofriante: Granada registra más de cuatro desahucios diarios, principalmente de viviendas, aunque también se incluyen en esta estadística locales, empresas o fincas rústicas.

El dato por sí solo ya es bastante significativo y muestra sin paliativos que la situación de la vivienda en España, motivada por el imparable aumento del paro y los recortes salariales que han llevado a cabo empresas públicas y privadas, es una emergencia social. Pero la comparación de los años anteriores es todavía más elocuente. En 2011 se llevaron a cabo 1.046 lanzamientos, lo que significa que en un año ha aumentado un 42,5% el número de granadinos que han perdido la propiedad de sus viviendas por falta de pago de las cuotas hipotecarias.

Este incremento del 42,5% ha provocado que, tristemente, el número de lanzamientos alcance un nuevo máximo histórico. La serie estadística del Consejo General del Poder Judicial, que en el caso de los lanzamientos se remite al año 2008, nunca había registrado unos datos tan abultados. En 2010 la Justicia aprobó 735 lanzamientos; en 2009, 441; y en 2008, 345. En estos cinco ejercicios completos de crisis, un total de 4.058 granadinos han perdido su vivienda.

Podían haber sido muchos más. Según los datos del CGPJ, los lanzamientos acordados por los servicios comunes a lo largo del año 2012, aunque finalmente no se llevaran a cabo, ascienden a 2.370, 879 más que los procesos que han acabado ejecutándose.

En este desfase entre lo acordado y lo ejecutado entran en juego varios motivos. Los propios trámites administrativos, la oposición social representada principalmente por el grupo Stop Desahucios, o la intermediación de las oficinas hipotecarias puestas en marcha por instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio de Abogados, o la Junta de Andalucía, tienen mucho que ver con el hecho de que finalmente no sean 2.370 los granadinos que han perdido su vivienda en este último año.

El juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, explica además que la entrada en vigor a mediados de noviembre del Real Decreto Ley 27/2012, que incluye la paralización durante dos años de los desahucios siempre que se cumplan determinados requisitos económicos y sociales, también tiene bastante que ver. Según Sánchez Gálvez, en los juzgados de Granada, al entrar en vigor el decreto de los desahucios, se acordó que previamente a la ejecución del lanzamiento se acudiría al domicilio de los afectados para informarles sobre sus posibilidades de solicitar la suspensión del procedimiento al cumplir con los requisitos impuestos por la nueva normativa. Además, como resultado de este Real Decreto, además de la suspensión de varios procedimientos se ha podido provocar la "demora mientras se tramitan para ver si los afectados están en el ámbito de aplicación de la ley".

Sin embargo, el juez decano no esconde que en los próximos meses, pese a esta nueva casuística, las cifras de lanzamientos seguirán creciendo. "Ahora mismo en los juzgados se están culminando muchos procesos de ejecución hipotecaria que comenzaron hace uno, dos o incluso tres años, así que está en pleno auge", indicó Francisco Sánchez Gálvez, que explicó que, pese a todo, es posible que tanto el Real Decreto como la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que considera abusivas determinadas cláusulas de la Ley Hipotecaria española- cambien el horizontes de los desahucios.

"La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE supone una tramitación procesal nueva" que lleva a considerar determinadas cláusulas, como las de interés moratorio, como motivo de oposición que puede suspender el desahucio. Sin embargo, suspensión no significa paralización. "Cuando se denuncie y se solicite la oposición, se llegará a una pluspetición. Es decir, que la ejecución hipotecaria continuará pero por menos cantidad".

Así que los desahucios, por mucho que pese, seguirán llegando. "Los jueces, conforme al deber y a la función constitucional, estamos aplicando la ley vigente. Con el máximo de sensibilidad hacia la situación, pero no podemos salirnos del marco legal y de aplicar la jurisprudencia. No podemos crear Derecho", matizó el juez decano.