La gota que colma el vaso. Después de casi 15 meses en los que los hosteleros de Granada han sufrido severas restricciones a raíz de pandemia y cuando se preveía un verano que sirviera para recuperar la normalidad en el sector, la última decisión del Gobierno de España ha dado al traste con tales expectativas, lo que ha provocado una auténtica rebelión por parte de unos empresarios que no acaban de ver la luz al final de este largo túnel y que amenazan con acudir a la Justicia.

El detonante de esta situación ha sido el documento aprobado el pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad, en concreto, por el Consejo Interritorial, en el que están representados el Ejecutivo central y los autonómicos. El texto al que se dio luz verde sale adelante con la oposición de seis comunidades: Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Murcia y Andalucía, además de la abstención de la ciudad autónoma de Melilla y Castilla y León.

El motivo de esta falta de consenso no es otro que las nuevas limitaciones que se aplican a bares, restaurantes y negocios de ocio nocturno en aquellas ciudades y municipios donde la tasa de incidencia por contagios del Covid supere los 50 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, que su nivel de riesgo sea superior a 1. Allí donde estos indicadores se cumplan (es decir, que el nivel de riesgo sea 0 o 1), discotecas y pubs podrán abrir hasta las tres de la madrugada, un “privilegio” que sólo es posible ahora mismo en Baleares, Comunidad Valenciana y Ceuta.

Respecto a bares y restaurantes, tendrán que cerrar a la 1:00 y dejar de servir a las doce de la noche. El aforo en el interior será del 50% (ampliable al 60% si se garantizan medidas de control, una buena ventilación y la calidad del aire). También se prohíbe fumar en espacios al aire libre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia.

Rechazo patronal

Tales limitaciones han provocado no sólo el rechazo de las comunidades mencionadas, sino de las patronales hosteleras, como la de Granada.

Desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, a través de su presidente Gregorio García, en declaraciones a este diario informan que “Granada ya ha interpuesto una demanda contra el Gobierno por la que se reclama el lucro cesante y el daño emergente de todos los meses que hemos estado cerrados y no nos han dado nada”. Además, Gregorio García añadió que “igualmente, haremos lo mismo con la Junta de Andalucía”, haciendo referencia al tiempo que la institución provincial ha mantenido cerrados los negocios hosteleros de la ciudad.

Federación Andaluza

Las medidas gubernamentales también han sido contestadas por la federación andaluza de hostelería, cuyo presidente, Javier Frutos, las califica de “imposición”, puesto que Andalucía ha votado en contra. “Ya no sabemos qué hacer, vuelven a poner el foco en la hostelería y es inaceptable. Se desentendieron de la situación cuando desapareció el estado de alarma y encargaron a las autonomías la desescalada; y ahora vuelven con una imposición de restricciones que serían peores que las del verano pasado”, denuncia Frutos.

El presidente de la patronal andaluza de hostelería ha recordado que su federación ha trabajado con la Junta en el diseño de la desescalada en la comunidad autónoma para tener la situación clara tras el estado de alarma. “No sólo hemos aceptado el plan programado en tres fases del Gobierno andaluz, sino que ahora, con la prórroga durante dos semanas de la fase actual, dado que no se ha logrado la bajada de la incidencia del virus que se contemplaba, no hemos mostrado protesta ni queja alguna. Sin embargo, la actitud del Gobierno de España nos causa gran perplejidad”, lamenta Frutos.

Una reacción que es consecuencia de las malas previsiones que provocan las nuevas medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para la patronal andaluza de hostelería, supondrían “la puntilla” para un sector que confiaba en remontar este verano. Un periodo que, ante tales condiciones, será “peor” que el de 2020, cuando aún quedaba lejos la campaña de vacunación y se acababa de salir del primer estado de alarma. Un año después, con 27 millones de vacunas inyectadas en España y con el 20% de la población con las dos dosis suministradas, las limitaciones son más severas, algo “incomprensible” para estos empresarios.

Por tal motivo, la federación andaluza de hostelería confía en que la Junta siga aplicando las medidas actuales que pactó con el sector, “porque ya estamos cansados y hartos de que se ponga el foco en los mismos”. Frutos también se pregunta por qué razón existe tanta celeridad a la hora de imponer restricciones que no son compartidas por las autonomías “más pobladas del país” y, sin embargo, “no hay manera de que las ayudas económicas que tantas veces se han anunciado desde el Gobierno de España lleguen a las empresas para garantizar su supervivencia y el mantenimiento de empleo”.

Indignación

El malestar se extiende a nivel nacional. El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, rechaza las nuevas restricciones y pone en duda de que puedan llegar a aplicarse. Yzuel ha manifestado su “sorpresa, cabreo e indignación” ante unas limitaciones que son “muy difíciles de entender en un momento en el que la luz al final del túnel está cada vez más cerca”.

El máximo representante del sector a nivel nacional incide en que el acuerdo impone “restricciones mucho más graves que las que había incluso con una situación sanitaria cuatro o cinco veces más grave”. “Sólo el hecho de plantearlas muestra la falta de respeto y la poca empatía que nos tienen como sector”, refiere Yuzuel.

Debe tenerse en cuenta que las nuevas restricciones estarán en vigor, al menos, hasta que el 70% de la población esté vacunada, porcentaje con el que se estima que podrá lograrse la inmunidad de rebaño. Los cálculos del Gobierno prevé que se alcance a finales de agosto, por lo que la hostelería pasaría casi toda la temporada veraniega con dichas limitaciones.