Los desahucios judiciales de viviendas en alquiler casi han alcanzado el mismo nivel que los lanzamientos realizados por ejecuciones hipotecarias. En concreto, tan solo hay 113 casos de diferencia entre unos y otros en Granada, tal y como se recoge en los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El año 2017 se ha cerrado con un total de 1.339 órdenes judiciales de desahucio en la provincia. De ellas, 690 han sido desalojos por impago de hipotecas, 577 consecuencia de la Ley de Arrendamiento Urbano (viviendas en alquiler) y 72 por otro tipo de procesos. La cifra total de órdenes dictadas por los jueces de primera instancia para desalojar propiedades inmobiliarias ha descendido un 1,4% en comparación con el año anterior -se registraron 1.358-, lo que se traduce en un descenso casi imperceptible y un frenazo respecto a la fuerte caída del 15% iniciada en 2016 y que parecía el comienzo de una tendencia clara a la baja de este dato tan ligado a los años duros de la crisis. En el último lustro, el pico de procesos de desahucio se dio en 2015, con 1.468. Por todo esto, el leve descenso del último año se interpreta como una permanencia en la poscrisis, con cifras de desahucios aún por encima de las registradas en los peores años de la depresión económica en todo el país.

577De alquiler. Desahucios ordenados por los juzgados durante 2017, un pico histórico.690Hipotecarios. Los desalojos por ejecuciones hipotecarias en 2017 han bajado un leve 3,9%74Concursos. Se han registrado 74 concursos de acreedores, un 10,8% menos que en el 2016.

A tenor de estos datos, Granada se postula como la quinta provincia de Andalucía con más desahucios practicados, por detrás de Málaga (2.981), Almería (1.448), Sevilla (1.419) y Cádiz (1.397), mientras que a nivel nacional, se coloca en decimosexta posición.

Al analizar los datos desglosados, sí aparecen ciertas tendencias que marcan algunos cambios. La más evidente es la del aumento de desahucios de inquilinos, frente a los de ejecuciones hipotecarias, que sí están marcando una línea clara de descenso.

Estos procesos judiciales han caído a 901 (en 2017), frente a los 1.211 de 206 o los 2035 de 2013, que marca el pico de este lustro. Están retrocediendo sin duda, aunque sus consecuencias últimas, que son los desahucios, no han disminuido aún al mismo ritmo. El pasado año se se produjo una tímida bajada del 3,9% respecto a 2016, lo que contrasta con el 25,5% de caída de los procedimientos de ejecuciones hipotecarias en marcha. Aún se sienten en Granada las consecuencias de la crisis, aunque ya hay atisbo de cambio.

Otra cosa bien distinta son los desahucios de alquileres, que desde el año 2016 mantienen una escalada bastante significativa, hasta el punto de que en 2017 se produjo el pico máximo de todo el lustro.

En 2013, el número de lanzamientos practicados como consecuencia de estos procesos derivados de la Ley de Arrendamiento Urbano fue de 573. Al año siguiente, en 2014, la cifra bajó un 14,1%, situándose en 492, mientras que un año después, en 2015, la cifra cayó un 1,4% para situarse en 485. A partir de entonces, la tendencia no ha hecho más que subir, produciéndose un incremento de más de 16% en tan solo un año. Así, en 2016 se realizaron 565 desahucios en viviendas de alquiler, mientras que de nuevo en 2017 volvió a incrementarse, aunque esta vez en menor medida, para alcanzar los 577.

Granada mantiene la cuarta posición en la comunidad andaluza en cuanto a los procesos que afectan a inquilinos desalojados, por detrás de Málaga (1.589), Sevilla (711) y Cádiz (682). A nivel nacional se sitúa en decimoctavo puesto.

Otro aspecto a destacar, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, es el número de concursos de acreedores iniciados en la provincia granadina, que tras el pico alcanzado en el año 2012, presenta una tendencia a la baja.

De los últimos diez años, 2007 fue el periodo en que menos empresas presentaron concurso de acreedores: tan solo 12. Sin embargo, al año siguiente la cifra se multiplicó por cuatro y alcanzó los 53. De nuevo en 2009 el número de empresas que entraron a concurso volvió a subir -esta vez un 58,5%-, hasta situarse en 84. Mientras que en 2010 y 2011 se produjeron dos subidas de más del 4% en cada uno de los periodos, en los que se alcanzaron 88 y 92, en 2012 se registró el mayor número de casos con 135.

A partir de entonces, la tendencia se ha ido reduciendo de forma progresiva, hasta descender a 74 concursos, cifra que se registró el pasado 2017, en el que el número de empresas que entraron en concurso de acreedores disminuyó un 10,8% en comparación con el año anterior.