El 'portazo' del Tribunal Supremo a a la Junta de Andalucía en el caso que atañe al Centro Comercial Nevada le obligará a pagar 165 millones de euros de indemnización al empresario Tomás Olivo por la paralización de las obras durante más de siete años. Y, como no podía ser de otra manera, las reacciones políticas al caso llegaron ayer desde la oposición en forma de petición de explicaciones a los representantes del Gobierno andaluz para que depuren responsabilidades, al mismo tiempo que el PSOE defendió que recurrirá el fallo del caso Nevada ante las instancias judiciales que "sean precisas". No obstante, la indemnización de 165 millones escuece y mucho, pues según los cálculos de Vamos Granada esta "negligencia" de la Junta correspondería a una 'multa' ficticia de unos 180 euros por cada habitante de la provincia.

De esta manera, el PP exigió al secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que este partido "pague de su bolsillo" la "millonaria" indemnización de 165 millones de euros que la Junta tendrá que abonar al promotor del Centro Comercial Nevada por la paralización de las obras que ordenó en su día y que asuma "responsabilidades políticas" por la "negligencia" en este proceso judicial. El secretario general del PP granadino, Pablo García, anunció que su partido consultará con sus servicios jurídicos posibles acciones penales contra la Junta por la "inacción" en este caso y el "perjuicio" causado a los granadinos y a las arcas públicas andaluzas.

"Estamos hartos de tener que pagar las calamidades gestionadas por los socialistas en la Junta. Primero fue el Metro, con 600 millones de euros y más de diez años de demora; después, la nefasta fusión hospitalaria; y ahora, esta indemnización, y las sentencias por las corruptelas en la gestión de la Alhambra", añadió García.

Por su parte, la portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Esperanza Gómez, reclamó la dimisión del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la "mala gestión" de los Servicios Jurídicos de la Junta en un caso en el que "no hicieron bien su trabajo" y que "debe tener consecuencias políticas".