La polémica por los vuelos de inmigrantes llegados a Granada desde Canarias suma un capítulo nuevo nada más comenzar el año. Si hace un mes, en diciembre, estallaba una crisis de gestión en materia migratoria por la llegada de estos inmigrantes y la falta de claridad al respecto por parte del Ministerio del Interior, la gestión ha vuelto a poner en el punto de mira al departamento de Fernando Grande-Marlaska tras conocerse que desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional se ha abierto un expediente disciplinario al inspector responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de Granada por "no identificar a los ciudadanos magrebíes que llegaban en el vuelo del 14 de diciembre", algo que, de haberse llevado a cabo, incluso podría tildarse de "trato discriminatorio o racismo".

Una semana después del inicio de la polémica

Como ya avanzó Granada Hoy la mañana del pasado 14 de diciembre, aterrizó en el aeropuerto Federico García Lorca de Granada el vuelo VLG3061 procedente de Canarias. Era el mismo que una semana antes acaparó el foco mediático por el famoso vuelo que inició la polémica en torno a un supuesto traslado de inmigrantes por parte del Gobierno central, que el Ejecutivo negó alegando que "eran personas libres".

Por entonces, fuentes del Gobierno central aseguraron a este diario que los inmigrantes se pagaban los billetes "de su bolsillo", localizando los vuelos más baratos y vacíos para así desplazarse hasta la península. Sin embargo, sobre este vuelo del 14 de diciembre planeaba otra cuestión: la posibilidad de que tras el viaje de estos inmigrantes estuviese una organización criminal.

La no orden de Interior y la circular interna

Con toda la vorágine suscitada a tenor de los vuelos sobrevolando la gestión del Gobierno central, fuentes de Interior aseguraron a este diario que se intentó aumentar el control en el destino, es decir, en Granada. Sin embargo, no existía una orden clara para tal fin.

Tan solo había una circular interna, remitida una semana antes al inspector responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de Granada, en la que se pedía que, según indicaron desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), "únicamente se instaba a la comprobación de la existencia de posibles conexiones criminales en los flujos de personas que llegasen al aeropuerto y expresamente se citaban como elementos de actuación policial la normativa sobre identificación de personas que, precisamente, es la que restringe esta práctica policial a unos requisitos muy tasados que no se dieron".

Y es que pese a todo ello, aunque se trataba de inmigrantes, si se desplazaban con la documentación pertinente o en su defecto un documento de entrada personal, lo cual habría sido verificado además en el aeropuerto de origen, se les debía dar el mismo trato que al resto de pasajeros.

En este sentido, los agentes de los controles de Extranjería, pese a la insistencia del Gobierno, aseguraban que no podían intensificar la identificación exhaustiva de los migrantes, algo que además viene recogido en el Código de Fronteras Schengen –mantiene que el cruce de fronteras interiores no está sometido a inspección–, mientras que la Circular 2/2012 de la Dirección General de Policía prohíbe expresamente las "identificaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", según el SUP.

Pero, además, a todo ello se le sumaba las declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, y del resto de responsable del Gobierno central que mantenían que se trataba de "personas libres" que podían realizar esos viajes, algo que hacía que los agentes pidiesen una orden clara y concisa para llevar o no acabo la intensificación de las identificaciones.

El expediente por dejación de funciones

Con la incertidumbre expuesta sobre la manera de proceder a tenor de la ausencia de una orden directa que validara la intensificación de las identificaciones de los inmigrantes, cuando el 14 de diciembre llegó el citado vuelo procedente de Canarias con 12 inmigrantes magrebíes y subsaharianos a bordo, el inspector al mando del puesto fronterizo "realizó comprobaciones en las listas de pasajeros de los vuelos, detectándose ciudadanos con rasgos magrebíes a los que se observó abandonando el aeropuerto en medios de transporte públicos, como otros pasajeros, sin que ningún vehículo privado acudiera a recogerles", algo que, en ese caso, "habría sido un claro indicio de organización criminal como la que se había ordenado detectar", tal y como explicaron desde el SUP.

Sin embargo, este proceder ha sido considerado por el comisario provincial como una "dejación de funciones", lo cual ha derivado en una apertura de expediente para el inspector al mando del puesto fronterizo, algo que ha sido denunciado por el SUP.

El sindicato asegura que "la no identificación de los viajeros de origen magrebí por la que ahora se pretende sancionar a este funcionario se ajusta plenamente a la legalidad". Asimismo, el SUP se ampara en que, además de lo que se estipular en el Código de Fronteras Schengen o la Circular 2/2012 de la DGP, "la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tasa en su artículo 16.1 los supuestos en los que se puede requerir la identificación de personas, limitándolos a la existencia de indicios sobre su posible participación en la comisión de una infracción o a la prevención de la comisión de un delito, debiendo someterse esta práctica policial a criterios que eviten la discriminación por origen étnico o racial".

Ante ello, desde el sindicato se asegura que "ninguno de estos supuestos se producía en ese vuelo y la propia Secretaría de Estado de Seguridad, en su Instrucción 7/2015, circunscribe la identificación de ciudadanos a la existencia objetiva de alguno de los dos supuestos establecidos en la citada norma".Además de ello, el SUP insiste en que estos migrantes habían llegado a Granada tras haber pasado los controles en Canarias, por lo que su documentación debía estar acreditada y verificada en el aeropuerto de origen.

En definitiva, el sindicato considera que "el expediente disciplinario abierto contra el jefe del puesto fronterizo del aeropuerto de Granada es censurable, inoportuno y se enfrenta a una pluralidad de normas y protocolos tan claros y estrictos sobre aquello que se pretendía realizara el inspector que desde el SUP solo podemos exigir su inmediato archivo".