La Sección Segunda de la Audiencia de Granada también ha impedido al juez de instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, proseguir con la investigación sobre los datos del patrimonio de los imputados en el caso del centro comercial Nevada que solicitó a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Un nuevo auto judicial, en este caso de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, acepta el recurso de apelación presentado por el promotor del centro Nevada, Tomás Olivo, contra la orden dictada por el juez de instrucción para que desde los organismos públicos antes citados se informara del historial laboral y de los expedientes de sanciones del empresario y del resto de personas imputadas en la causa, entre ellos el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y otros familiares directos.

El auto apela a los argumentos jurídicos utilizados por la Sección Primera para impedir investigar a la Guardia Civil por encargo del juez el patrimonio del empresario por "carecer de relación con los hechos que se le imputan", esto es, un presunto delito contra la ordenación del territorio. "Implicaría una especie de investigación general -a ver que sale- proscrita en nuestro ordenamiento jurídico", argumentaba entonces el juez.

Dicho argumento sigue siendo válido ya que, según el nuevo auto, guarda "íntima relación con la causa ya resuelta" y, por tanto, "el resultado tiene que ser idéntico puesto que no puede convertirse la instrucción en una investigación o inquisición general".

El juez justificó en su día la investigación bajo la premisa de que "cualquier delito puede tener relación con aspectos económicos", junto a un informe policial que detectaba aumentos "llamativos" de patrimonio de los imputados.

El magistrado pretendía conocer las cuentas bancarias, propiedades, operaciones financieras, sanciones recibidas y cuanta información de los últimos cinco años constara en los archivos de la Agencia Tributaria y en los de la Tesorería General de la Seguridad Social. Trataba, con ello, de comprobar si se había producido algún tipo de enriquecimiento ilícito de los imputados y sus familiares más directos. Sin embargo, los dos autos de la Audiencia Provincial suponen un varapalo para el juez y muy posiblemente la resolución impida investigar los bienes del resto de imputados.