El Covid-19 está afectando a la Justicia. Si ayer CCOO alertaba d del número de afectados por el COVID-19 en la administración de justicia en Granada, donde a pesar de contar con menor personal presencial el porcentaje de funcionarios con síntomas es superior al de provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz, ahora varios jueces de Granada han tenido que dejar en libertad a detenidos en los últimos días porque los aparatos de videoconferencia instalados junto al Juzgado de Guardia "no funcionan correctamente" y "no permiten la grabación válida" de las declaraciones de los arrestados ni el resto de diligencias a practicar, una situación que "no es nueva", pero que se "agrava" en el presente estado de alarma.

A raíz del estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19, se acordó la utilización de la videoconferencia como sistema de declaración de detenidos, de práctica de diligencias y de comunicación con Policía Nacional, Guardia Civil y prisiones, para evitar desplazamientos a sede judicial y minimizar el riesgo de contagio. Sin embargo los aparatos de videoconferencia "no funcionan correctamente".

En un escrito remitido a la comisión de seguimiento constituida por el TSJA y donde también está integrada la Junta, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que el pasado domingo se presentaron siete detenidos que tendrían que haber prestado declaración en el Juzgado de Instrucción 3, en ese momento en funciones de guardia.

Se intentó la declaración por videoconferencia con tres de ellos, en los que se tuvo que ir repitiendo lo que "al parecer" decía el detenido porque "no se oía en forma alguna". Ante ello, el resto fueron puestos en libertad.

La segunda incidencia comunicada a la comisión de seguimiento se produjo este pasado lunes, cuando se trasladó al Juzgado que en ese momento estaba de Guardia la existencia de un detenido en la sede de la Comandancia de Guardia Civil por delito de malos tratos y amenazas en el ámbito familiar y uso de arma blanca.

Se intentó la declaración por videoconferencia pero no fue posible "porque no se oía ni se entendía lo que decía en forma alguna", por lo que fue puesto en libertad ante la imposibilidad de recibirle declaración.

Esto "no solamente con el riesgo añadido que ello supone para víctimas y demás implicados en el procedimiento sino para la seguridad colectiva", según explica en el escrito el magistrado del Juzgado de Instrucción 4, quien agrega que esto no se ha producido exclusivamente estos días sino que "viene ocurriendo desde que se acordó la declaración de detenidos por videoconferencia".