Antonio Herrera, más conocido como el 'jamonero de Trevélez' se encuentra cada vez más cerca del banquillo de los acusados. El juez de Instrucción número 1 de Órgiva, que ha investigado el supuesto fraude que ha llevado a la ruina a decenas de vecinos de la Alpujarra que le confiaron sus ahorros, acaba de transformar en procedimiento abreviado la causa abierta contra él, atribuyéndole la posible comisión de hasta nueve delitos.

Según informaron ayer fuentes judiciales a este periódico, tras analizar en profundidad los hechos, el juez ha concluido que pueden ser constitutivos de dos delitos continuados de estafa, un delito de apropiación indebida, tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito societario, un delito de falsedad documental y, por último, un delito de alzamiento de bienes.

Así lo ha reflejado, según las mismas fuentes, en un extenso auto que dictó el pasado 24 de junio mediante el que la causa entra ya en fase de preparación de juicio oral. Ahora, por tanto, las partes pueden calificar los hechos y solicitar la apertura de juicio oral o, por contra, instar el sobreseimiento de la causa, lo cual parece bastante improbable dada la entidad del presunto fraude, que según la relación de perjudicados que maneja el juez habría afectado a al menos 194 personas. En concreto contabiliza 160 afectados por la estafa y 34 por la apropiación indebida.

Las fuentes consultadas indicaron que si bien el juez indica en su resolución que "es imposible determinar el número puntual de perjudicados y el importe total de lo defraudado", cifra en unos 10 millones la cantidad estafada. En concreto, habla de un perjuicio de algo más de 8 millones de euros en los dos delitos de estafa que aprecia, así como de un perjuicio de 1,9 millones de euros en el delito de apropiación indebida. Por lo tanto, la cantidad defraudada acreditada en la causa penal ronda los 10 millones.

Cabe recordar en este punto que cuando el empresario decidió desaparecer con el dinero, algunos de los afectados le denunciaron ante la Guardia Civil, pero la mayoría optó por acudir al Juzgado de lo Mercantil -Primera Instancia 14-, donde existe otro procedimiento.

Fue en 2004 cuando Antonio Herrera, propietario y gerente de la empresa Jamones Fernando, huyó del país con millones de euros procedentes en su mayoría de préstamos realizados por particulares y algunas empresas del Levante, siendo localizado y detenido por la Interpol en la República Dominicana en diciembre del año pasado. Actualmente, se halla en situación de prisión provisional.

El instructor relata en su escrito cómo actuó el jamonero para presuntamente estafar a numerosas personas, de las que se había ganado su confianza cuando fue director de un banco, a través del pudo además conocer sus ingresos.

Antonio Herrera prometía alta rentabilidad a sus clientes, quienes invertían en especie en jamones crudos que supuestamente reportarían cuantiosos beneficios tras su curación o bien acordaban una determinada inversión para que él mismo los curara.

Según el juez, en la práctica los particulares no pretendían la adquisición de jamones sino que se servían de estas compras o inversiones para obtener una alta rentabilidad económica, que el jamonero finalmente no siempre podía garantizar.