Tribunales

El juez prorroga un año la investigación por supuestas irregularidades en TG-7, la televisión pública de Granada

  • El juez de instrucción considera que existen diligencias esenciales aún pendientes

El juez prorroga un año la investigación por supuestas irregularidades en TG-7, la televisión pública de Granada

El juez prorroga un año la investigación por supuestas irregularidades en TG-7, la televisión pública de Granada

A petición de la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Vamos Granada, el juez de instrucción ha ampliado la investigación de las facturas irregulares de TG7 por doce meses más, al considerar que existen diligencias esenciales aún pendientes.

Vamos Granada ha señalado la importancia de la prórroga para el esclarecimiento de un asunto en el que está en juego cerca de un millón de euros de dinero público, además de la confianza en los mecanismos de fiscalización y control económico de la administración municipal. La formación ha destacado asimismo la necesidad de que se investigue también la responsabilidad contable, que es competencia del Tribunal de Cuentas, y al que sólo la administración afectada -el Ayuntamiento en este caso- puede llevar el asunto. “Se trata de casi un millón de euros de dinero público, no se puede mirar para otro lado”, ha declarado Marta Gutiérrez, denunciante del caso y personada en la causa penal como acusación popular.

En la causa están siendo investigados el responsable de la productora CBM, Raúl Berdonés, la ex-directora de la televisión municipal, Cristina García - también investigada en la causa de los contratos fantasma de Emucesa - y el ex-concejal Juan Antonio Fuentes, entonces responsable de TG7 - también investigado por la causa del Caso Serrallo-. En esta causa se investigan facturas por valor de cerca de un millón de euros de dinero público.

En 2016 la productora CBM reclamó al Ayuntamiento el pago de facturas por valor de 700.000 euros por servicios extraordinarios supuestamente prestados a la televisión municipal, que habrían sido firmadas por el exconcejal del PP Juan Antonio Fuentes sin respaldo legal alguno, según informes municipales. Otros 300.000 euros no recogidos en presupuesto ni en contrato habrían sido pagados a CBM entre 2013 y 2015 mediante un sistema paralelo a través de diversas empresas públicas.

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