Granada

El tribunal excluye el delito de estafa agravada en el caso Catastro

  • El comandandante de la Guardia Civil que destapó el caso testifica el 5 de febrero

Primera sesión del juicio del Catastro. Primera sesión del juicio del Catastro.

Primera sesión del juicio del Catastro. / Álex Cámara

Arranca el juicio por la presunta trama corrupta en el Catastro de Granada. La Audiencia Provincial ha acogido la primera sesión del juicio en el que se imputan a los acusados los delitos de falsedad en documentos públicos, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos.

Ante ello, la Fiscalía pide para los acusados, entre los que se encuentran dos funcionarios del Catastro de Granada, un empleado de una notaría de Albuñol y un abogado, penas de entre cuatro años y medio y 18 años de prisión por las irregularidades que se hallaron en 70 expedientes de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.

En la primera sesión del juicio la sala ha aceptado excluir el delito de estafa agravada por el que solo acusaba la Junta de Andalucía –al estimar que podría haber sido perjudicada en unos 400.000 euros– ya que a ninguno de los acusados se les ha tomado declaración en este sentido durante la instrucción.

La defensa de uno de los funcionarios acusados ha pedido la nulidad del volcado de correos electrónicos

La Audiencia también ha aceptado la petición de la Fiscalía de que declare el 5 de febrero por videoconferencia como testigo un comandante de la Guardia Civil que no ha sido propuesto con anterioridad “por olvido” y que fue quien inició la investigación cuando era teniente y que actualmente está destinado en Cooperación Internacional, por lo que está previsto que preste declaración desde Bruselas.

Además, la defensa de uno de los funcionarios acusados ha pedido la nulidad del volcado de correos electrónicos que fueron investigados por falta de control de la cadena de custodia de ese materia.

El tribunal tomará una decisión al respecto en la próxima vista prevista para el próximo 22 de enero, donde abordará además la petición de suspender por enfermedad del juicio contra uno de los acusados, de 80 años y empresario, por una patología cardiovascular por la que se le ha permitido no acudir a la vista, por lo que finalmente fueron siete los acusados ya que otro de ellos ha fallecido.

El caso se remonta al periodo comprendido entre marzo del año 2005 y mediados del 2013, que fue investigado por la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil, y que estalló en mayo del 2013 con la detención del jefe de Servicio y del arquitecto.

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