Tribunales

A juicio por regentar dos casas prostíbulo con chicas en condiciones de semiesclavitud

  • La Fiscalía pide para la acusada, en cuyo 'negocio' también se vendía droga, once años y medio de prisión

Fachada principal de la sede de la Audiencia Provincial. Fachada principal de la sede de la Audiencia Provincial.

Fachada principal de la sede de la Audiencia Provincial. / R. G.

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial granadina enjuicia desde este martes a una acusada para la que Fiscalía pide once años y medio de prisión acusada de regentar dos casas de alterne en Granada capital donde, además de ejercerse la prostitución en condiciones de "semiesclavitud", también se ofrecía y vendía cocaína a los clientes, en el marco de un caso judicial en el que hay otros tres procesados que se enfrentan a penas de entre ocho y medio y siete años de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la principal acusada, de 56 años y nacida en Colombia, regentaba una casa y un club de alterne para "lucrarse con la explotación sexual" y "enriquecerse con el tráfico ilícito de cocaína".

En el primero de los locales ejercía, bajo sus órdenes, la otra acusada, brasileña de 47 años, "una función destacada en el control tanto de la actividad propia de la prostitución como de la venta de droga". En ambos se prostituía una testigo protegida "debido a su dependencia de la cocaína, circunstancia conocida" supuestamente por ambas procesadas "y de la que se aprovecharon para imponer condiciones abusivas en el ejercicio de la actividad".

El precio por los servicios, que era de 50 euros por media hora y 100 por una, se le abonaba en cocaína, "aumentando falsamente la cantidad supuestamente entregada para generar una deuda que la testigo protegida era incapaz de pagar", debido, entre otras cuestiones, al aumento progresivo de su drogodependencia.

Así, "el ejercicio de la prostitución se daba en condiciones de semiesclavitud, estando obligada a pernoctar en la casa de lunes a viernes y disponible a cualquier hora para exhibirse, junto con otras mujeres que allí ejercían la prostitución", en "ropa interior ante el cliente para ser elegidas" a modo de "pasarela".

Si se negaba a bajar, la encargada "le gritaba y amenazaba para que lo hiciera", mantiene el fiscal, que asevera que la principal acusada recogía supuestamente "el dinero, que pagaban los clientes y anotar el precio de los servicios en varias libretas que poseía a tal fin".

La testigo protegida habría estado "obligada a ofrecer cocaína a los clientes a razón de 60 euros al gramo" en ambos locales, llegando en ocasiones algunos clientes "a pernoctar en la casa varios días consumiendo esta droga".

En dicho domicilio, el 19 de julio de 2019, se hallaron en una taquilla en la terraza, cuya llave custodiaba la encargada, dos bolsitas con cocaína por valor de 580 euros en el mercado negro, así como otros 70 "provenientes de la venta realizadas con anterioridad".

En el club, que funcionaba también como 'after hour', la acusada principal, que también ejercía como prostituta, habría contratado al único acusado de los cuatro que no se encuentra privado de libertad provisionalmente por estos hechos desde ese 19 de julio.

Siempre según el relato de los hechos del fiscal, este varón, de 58 años, trabajaba "como camarero y encargado de local", y también llamaba al cuarto acusado, de 33 años y nacido en Marruecos, para que "suministrara cocaína al club", donde ejercía también funciones de seguridad.

En su domicilio, también en Granada capital, fueron hallados unos 35 gramos de cocaína, cuyo importe total en el mercado negro habría ascendido hasta los 1.984 euros.

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de supuestos delitos de prostitución coactiva y contra la salud pública. De ambos, habrán de responder las dos acusadas, para la primera de las cuales el fiscal pide, además de los once años y medio de prisión, multa por un total de 10.529 euros.

La segunda, en situación irregular en España, se enfrenta a una petición de cárcel de ocho años y medio de prisión, que no podrá ser sustituida por la expulsión del territorio nacional, y el pago de una multa de 6.561 euros. Los dos varones acusados se enfrentan, por su parte, a sendas penas de siete años de prisión y multas de 3.968 euros por la presunta comisión de delitos contra la salud pública.

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