Dos juzgados de Granada han anulado una de las principales operaciones urbanísticas que se iniciaron en la época del auge inmobiliario y que reportó al Ayuntamiento de Granada 4,5 millones de euros.

El municipio firmó en 2007 un convenio urbanístico con varios promotores de la ciudad para la construcción de viviendas en Villa Pineda, la zona que hay junto al puente del Camino de Ronda junto al Estadio de la Juventud. De hecho, en ese lugar ha habido durante años un gran cartel anunciando la construcción del edificio Infinity y ahora se pueden ver banderolas de la promotora, junto con datos de otra urbanización "En el borde del mar".

Aquel convenio, firmado por el anterior concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, también permitiría el traslado de varias industrias ubicadas en la zona, entre ellas el concesionario de vehículos BMW.

El Ayuntamiento cobró a los promotores de esta operación (Projimosa es la empresa mayoritaria) unos 4,5 millones de euros en compensación por los suelos y los aprovechamientos urbanísticos que esas empresas tendrían que entregar al Ayuntamiento y a otros particulares a los que les correspondían compensaciones, según lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Pero el municipio cobró ese dinero sin compensar con él a esos terceros particulares que decidieron recurrir, primero ante el propio Ayuntamiento y luego en los juzgados. Varias sentencias de este año le han dado la razón al final a esos demandantes, que exigen su parte en esa operación urbanística.

El Ayuntamiento no sólo cobró el dinero de los terrenos y derechos urbanísticos que les hubiera correspondido a esos terceros, sino que ni siquiera les notificó nada en la tramitación del convenio y la reparcelación, como si no fueran parte interesada en la operación.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha anulado aquel convenio firmado en 2007 precisamente por no haber notificado cada paso a los denunciantes, que tenían que haber sido compensados en terrenos o en dinero.

En paralelo, el Juzgado número 1 ha anulado también el posterior proyecto de reparcelación de la zona que aprobó el Ayuntamiento por no haber compensado a los demandantes, como establece claramente el PGOU. De hecho, el juez censura al municipio en su sentencia por haber modificado el Plan General de facto, al no hacer caso de sus estipulaciones.

Algunos de los promotores que firmaron aquel convenio y pagaron al Ayuntamiento piden ahora la devolución de ese dinero, dado que todo ha quedado anulado.