Granada

Un juzgado frena el desalojo de una pareja okupa por "precariedad"

  • La jueza archiva la denuncia penal que formuló el banco propietario del piso porque están intentando buscar una solución

Un auto, dictado por la jueza de Instrucción número 2 de Granada, ha devuelto la tranquilidad, al menos por el momento, a una pareja con un bebé de 18 meses que iba a ser desalojada de la vivienda que había ocupado ilegalmente en la Zona Norte de la capital. En la resolución, la magistrada decide archivar la denuncia penal que la entidad financiera propietaria del inmueble había presentado contra esta familia, al considerar acreditada la situación de "precariedad" en la que se encuentra, así como su intención de regularizar su situación pagando un alquiler social.

Este diario ha tenido acceso a la decisión del juzgado, emitida el 19 de marzo pasado y en la que se da carpetazo al asunto tras constatar la difícil situación de la pareja denunciada: "ambos sin trabajo, carentes de recursos económicos y con un hijo de 18 meses de edad".

La jueza ha tenido muy en cuenta que, "pese a sus adversas circunstancias", esta familia esté tratando de buscar una salida a sus problemas "a través de instituciones públicas", así como que haya expresado que quiere solventar la situación pagando "una cuantía de alquiler social".

La magistrada concluye que los hechos "no son constitutivos de infracción penal" y decreta así el archivo de la denuncia, frenando la una orden de desalojo que emitió hace dos meses y medio, sin perjuicio de que el banco pueda acudir ahora a la vía civil.

Los denunciados, J.M.C. y P.M.M., estaban inmersos en este proceso judicial desde noviembre de 2013, tras haber sido denunciados por el banco propietario de la vivienda como presuntos autores de un delito de usurpación.

La resolución que iba a dejar a la pareja sin techo y que ahora queda sin efecto fue dictada el 23 de enero de este año. En ella, según la documentación consultada por este diario, el órgano disponía que en el caso de que no justificara ningún derecho que amparase su permanencia en dicho lugar, se le requiriera " para que, sin excusa, y en ese mismo momento, abandonen la vivienda".

Tras recibir esa notificación del juzgado, los denunciados presentaron un escrito de alegaciones pidiendo la suspensión de la orden. Su solicitud iba acompañada de varios documentos para demostrar que no tenían ni techo ni trabajo ni dinero, el cual ha hecho reconsiderar el desalojo.

En su escrito, la pareja explicaba a la jueza que para sobrevivir tenía que acudir "permanentemente a la beneficencia, a la Asociación de Parados de la Casería de Montijo, y a la familia" para que les dieran alimentos, por lo que entendían "inhumano" quedarse sin tener donde cobijarse de la inclemencias del tiempo.

Además, detallaban que antes de decidir entrar en el inmueble, en octubre de 2013, durmieron varios días en la calle, "algo realmente insoportable y, sobre todo, con un menor de año y medio".

Así, al encontrar esa casa vacía -sita en la calle Pasaje Francisca de Alba- vieron el cielo abierto, si bien tuvieron que realizar, con su esfuerzo y la ayuda de amigos, numerosas reparaciones, pues el piso "se encontraba totalmente inhabitable, en estado semiruinoso, sin puertas, sin interruptores de luz y sin grifos ni cristales en las ventanas". Junto a ello, sus letrados pusieron de relieve en las alegaciones que la entidad propietaria del inmueble hizo público hace unas semanas que en el ejercicio 2013 había tenido unos beneficios superiores a los 7.000 millones de euros. Por ello, consideraban "excesivo que un 'gigante' económico de ese nivel tenga expreso interés en que los comparecientes y su hijo menor, que ocupan debido a su estado de necesidad, una vivienda de su propiedad, seguramente propiedad de otra familia desahuciada anteriormente, vivan en la calle".

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