Miles de personas en la provincia están recibiendo alguna de las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia, un derecho social que durante 2009 ha experimentado un avance notable en su tramitación y aplicación real al entrar, el 1 de enero, la nueva fase de la ley que incluía a las personas valoradas con un grado de dependencia severa (grado II nivel I).

Desde que se puso en marcha la ley en 2007, en la provincia se han emitido 23.743 resoluciones en las que se reconoce el derecho que cada persona dependiente tiene en función del grado y nivel de dependencia reconocidos por los técnicos según el baremo oficial (desde gran dependiente a nivel I grado I, el más bajo). De Estas, 19.371 personas ya están recibiendo su prestación.

Cada dependiente tiene derecho a una serie de servicios, que elige en función de su situación personal. En casi la mitad de los casos (46%) los dependientes han elegido recibir la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar (8.909 personas); el 23%, la ayuda a domicilio (4.467); el 11%, plaza en residencia (2.257); y el 6,31%, centro de día (1.222 personas).

Según los datos, la opción más elegida en la provincia es la ayuda económica, lo que evita que los mayores y dependientes salgan de casa. Lo que pasa es que esta opción, que en un principio estaba pensada para casos excepcionales, se está generalizando y desbordando las previsiones de la administración. Así, casi 9.000 familias granadinas están recibiendo una 'paga' para cuidar a los dependientes en casa. La prestación oscila entre los 250 y los 500 euros.

Con todo, no son todas las personas que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación amparados por la Ley de Dependencia las que lo están disfrutando ya. Hay 4.372 personas dependientes con el derecho reconocido pero que todavía no lo están disfrutando. Tienen el expediente abierto.

Esto es porque aún no está realizado su Plan Individual de Atención (PIA), el informe que detalla qué recurso puede elegir cada dependiente.

La lentitud de los PIA es el principal escollo en la tramitación de la ley a la que tiene que hacer frente la Delegación de Igualdad. De hecho, está esperando 4.000 informes para hacer efectiva la prestación a más dependientes.

Si se cuenta, además, a las personas que tienen derecho a una prestación pero que por su grado y nivel no se ejecuta aún según el calendario de aplicación establecido por el Gobierno, las valoraciones con derecho en la provincia aumentan hasta 27.000.

Pero con la aplicación de la Ley de Dependencia la Administración también ha visto cómo se ha levantado la suspicacia de la población. De hecho, la Delegación de Igualdad ha endurecido este año su plan de inspección con el objetivo de evitar fraudes a la ley. La campaña incluye visitas a residencias de mayores, centros de día e incluso domicilios particulares, donde se comprueban los cuidados que recibe el dependiente, quién se los presta y cómo. El objetivo es ver cómo se emplea el dinero que la Administración concede para el cuidado del familiar y que no se derive a otros menesteres. También se vigila el cumplimiento de la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

Visitas a residencias se han hecho este año más de 155, a hogares particulares más de 30 y la misma cifra para el servicio de ayuda a domicilio.

Pero la ley también ha afectado a otros servicios como la valoración de la discapacidad. Este año se han triplicado las peticiones de reconocimiento de minusvalías (10.000 solicitudes anuales), principalmente por desinformación. Muchas personas creen erróneamente que tener reconocida una minusvalía es necesario para optar a la Dependencia o que consiguiéndola ayudará a recibir un mayor grado y por tanto más beneficios. De hecho, desde el centro de valoración, conocido como el centro base, tuvieron que emitir una carta a la Diputación y al Ayuntamiento de Granada para que a través de sus trabajadores sociales informaran mejor a la población.

En cuanto a los recursos, se prevé que en la provincia se abran en los próximos dos años 21 residencias y 15 centros de día, lo que supondrán unas 1.828 plazas más (1.384 en residencias y 444 en centros de día) respecto a las 4.000 ya existentes en la provincia. De las nuevas plazas, el 75% las proyecta la iniciativa privada, que ha visto en la Ley de Dependencia un campo de negocio de futuro contando además con el envejecimiento de la población.