La comisión de gobierno local ha aprobado hoy la licitación de la Casa Agreda y de un edificio histórico de la calle San Matías, lo que ha generado que la oposición y varias asociaciones conservacionistas de la ciudad inicien una campaña con el nombre "La Historia de Granada no se vede".

Así, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín, Lola Boloix, ha manifestado a los periodistas -poco después de conocerse la decisión adoptada por el equipo de gobierno- que "si el Ayuntamiento no tiene dinero la manera de arreglarlo no es la venta de su patrimonio".

Boloix ha sido una de las asistentes a la concentración convocada esta mañana frente a la Casa Agreda en protesta por su venta, en la que también han participado los concejales de IU y PSOE, además de colectivos como Ciudadanos por Granada o la Asociación Cultural Fernando de los Ríos.

La portavoz del grupo municipal socialista, Carmen García Raya, ha sentenciado que "con el Patrimonio no se puede hacer negocio", y ha criticado que el gobierno popular quiera vender estos edificios "y después pidan a la junta que les ponga otro para albergar un Museo Andalusí".

Por su parte el concejal de este partido, Isidro Olgoso, ha denunciado que el equipo de gobierno "se jactara" hace unos días de que en el baremo que condicionase la venta primaría el uso cultural establecido por las ofertas, cuando en las bases de licitación aprobadas hoy este parámetro sólo supone quince puntos de una base de cien.

A este respecto el concejal de Cultura, Juan García Montero, ha acusado a Olgoso de "hacer un uso demagógico" de las bases del baremo, que además otorga veinte puntos para la mejor oferta económica, treinta por generación de empleo, otros treinta para la oferta que asegure una mayor inversión en la conservación de las edificaciones y cinco a la "más innovadora".

En los planes urbanísticos y de protección actuales la Casa Agreda y el edificio San Matías tienen uso de equipamiento público y no hotelero, como pretende el equipo de gobierno local y, en este sentido, la plataforma conservacionista ha confiado en que la Comisión de Patrimonio de la Junta no apruebe el cambio de uso.

Por otra parte, representantes de este colectivo han adelantado que a finales de la próxima semana celebrarán una reunión para acordar nuevas medidas de protesta, que se sumarán a la recogida de firmas contra la venta de las edificaciones iniciada hoy.