El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha citado a declarar en calidad de imputado por presunta prevaricación al alcalde, José Torres Hurtado (PP), por una operación urbanística por medio de la cual el Ayuntamiento se cobró una deuda de ocho millones de euros con una parcela valorada en un millón menos. La citación se produce tras la admisión a trámite de una querella interpuesta el pasado mes de octubre por el grupo municipal del PSOE contra la Junta de Gobierno Local, de la que forma parte el alcalde, contra la entidad financiera que participó en el procedimiento y contra dos promotores de la ciudad.

En un auto, el magistrado Basilio Miguel García cita a declarar como imputados, al alcalde y a otras cinco personas entre las que figuran promotores y responsables de la entidad financiera en cuestión. Las comparecencias del alcalde y de los otros imputados han sido señaladas para los días 22, 23 y 24 de julio (salvo una de ellas, sobre la que se libra exhorto a un Juzgado de Madrid), aunque fuentes judiciales han apuntado la posibilidad de que se aplacen a septiembre.

Entre otras diligencias, el juez ordena librar oficio a la secretaria municipal para que aporte distinta documentación como el acuerdo de liquidación y pago de la deuda derivada del proyecto de reparcelación, una licencia de comercial y los expedientes de recaudación municipal seguidos contra los promotores imputados. También pide los escritos de acusación sobre la causa (vinculada a esta operación urbanística) que el próximo mes de octubre sentará en el banquillo de los acusados al ex concejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo (PP), a tres altos funcionarios del Ayuntamiento, a dos constructores y a un abogado.

La parcela que originó la presentación de la querella por parte del grupo del PSOE está relacionada con el plan parcial del Cerrillo de Maracena en el que iba a construirse el Palacio de Hielo. El grupo socialista mantiene en su querella que el alcalde selló un acuerdo privado con los promotores por medio del cual, en lugar de cobrar "en líquido" los ocho millones de euros que adeudaban al Ayuntamiento, saldaba la deuda "en especie" recibiendo una parcela de uso terciario (comercial) valorada en siete millones (uno menos de la deuda). El PSOE acusa al Ayuntamiento de "menoscabar el interés general" de la ciudad al aceptar el cobro en suelo de esa deuda (derivada de los aprovechamientos urbanísticos del plan parcial), pese a tenerlo asegurado mediante embargos municipales.

Según el PSOE, en abril de 2010 se constituyó "expresamente" para este supuesto negocio, una empresa que no tenía capital para asumir la compra del suelo terciario por valor de 48 millones de euros y que, según anunció entonces el alcalde, crearía un centro comercial en esas mismas parcelas que finalmente no ha visto la luz. Tras la presentación de la querella, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), explicó a los periodistas que lo que se hizo fue "una dación en pago", de modo que lo que obtuvieron fue el suelo en pago de las deudas.