La coordinadora provincial de IU, Mª Carmen Pérez y el secretario provincial del PCA, Juan Francisco Arenas, junto con otros miembros de la organización de izquierdas, se han reunido en la Plaza del Carmen para mostrar su apoyo al exvicepresidente de Diputación, Julio Bernardo, tras la anulación por parte del Supremo de la condena por el caso Mercamed.

Así, Arenas ha afirmado que “desde el PCA queremos mostrar nuestra satisfacción por la sentencia absolutoria hacia nuestro compañero Julio Bernardo. Además, queremos manifestar que esto es el final y el fracaso de las políticas del PP y de Sebastián Pérez de persecución contra IU. Se ha demostrado que tanto Julio como nuestra compañera Asunción Pérez Cotarelo (Choni) siempre han defendido los intereses de Granada y de los granadinos”. 

Del mismo modo, la coordinadora provincial de IU ha manifestado que “esta sentencia es una alegría para nuestra organización. Siempre hemos confiado en la honestidad y honorabilidad de nuestros compañeros en Diputación y en la gestión intachable del dinero público”.

Julio Bernardo, acompañado de dirigente de IU y PCA.

Pérez ha reiterado que “lo único que pedimos desde IU, y así lo manifestaremos en la Diputación, es que el dinero público que el PP se ha gastado en las denuncias falsas hacia nuestros compañeros sea devuelto íntegramente a las arcas públicas”. 

Por su parte, Bernardo ha querido tener unas palabras de recuerdo para su fallecida compañera Choni que “aunque parezca que estaba en el proceso no es así. Sin embargo, lo sufrió como la que más”. Unas palabras que se han unido al agradecimiento a sus compañeros de IU, el PCA o la asamblea de IU Albolote.

El exvicepresicente de la Diputación ha insistido en que “durante todo este tiempo no cabe duda que todo esto ha sido un proceso manipulado y dirigido por el PP. Un partido que también ha contado con ayuda externa, proveniente de distintos sitios, para esta manipulación”.

Casi nueve años de lucha en los que Bernardo ha sentido “una total indefensión e impotencia cuando veía que la policía llevó al juzgado un relato de los hechos que no era verdadero”. Una condena de nueve años de inhabilitación que ha quedado anulada gracias a la sentencia del Supremo