A 31 de diciembre de 2019, 109 personas perdieron la vida en el trabajo en Andalucía, 16 más que en 2018, donde murieron en el tajo 93 personas. En Granada, la cifra ha sido de 17, la más alta, junto a Sevilla, de toda la comunidad, según los datos de UGT Andalucía.

Para el secretario de Políticas Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, una de las principales causas de siniestralidad laboral es la contratación temporal y la precariedad laboral. “En la mayoría de las ocasiones los trabajadores con contratos temporales han tenido poco tiempo para formarse adecuadamente en el desempeño de su puesto. Además, la precariedad laboral implica jornadas de trabajo demasiado largas, falta de tiempo de descanso o solapamientos de turnos”, ha señalado el dirigente sindical.

Según Juan Carlos Hidalgo, “en el 2019 se incluyen en los datos a los autónomos, pero hay que especificar que se trata en realidad de falsos autónomos, ya que son accidentes que sufren los conocidos riders, los repartidores. También hay que resaltar el incremento que hay en accidentes de tráfico laboral, que se está convirtiendo en la primera causa de accidentabilidad en el trabajo”.

“Es necesario que tanto la administración como las empresas vean la necesidad de planes especiales de movilidad para que se forme a los trabajadores en temas de desplazamientos, porque si no seguiremos desgraciadamente con este tipo de accidentes en aumento”, ha dicho.

Por provincias, las que más muertes han sufrido han sido Granada y Sevilla con 17, seguida muy cerca de Málaga con 16. Con 11 accidentes laborales mortales están Cádiz, Córdoba  y Jaén, 10 en Almería y 6 en Huelva.

Con todos estos datos, UGT Andalucía reclama una mayor implicación de las distintas Administraciones Públicas, así como de las propias empresas, en la lucha contra esta lacra social. La prevención sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para reducir o evitar los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Por ello, exige a las empresas una mayor inversión, tanto material como humana, para desarrollar los planes de prevención en los centros de trabajo, así como una vigilancia especial de la Inspección de Trabajo y las Administraciones Públicas sobre las empresas que basan su productividad en desregular las condiciones de trabajo y aumentar la precariedad de los empleados, con el fin de reducir los altos niveles de siniestralidad laboral que asolan nuestra tierra.