"No se puede ir contra la ley". Con esta expresión de resignación el portavoz municipal, Juan García Montero, trató de explicar ayer por qué el equipo de gobierno ha permitido al final que las empresas constructoras de los pisos de alquiler cobren los elevados avales económicos que estaban demandando a las personas adjudicatarias de las viviendas levantadas sobre suelo municipal.

El Ayuntamiento y las empresas han llegado a un acuerdo por el que éstas podrán seguir exigiendo a los arrendatarios avales de hasta 5.000 euros, siempre que den la opción de que los afectados aseguren ese aval con los bancos. Es decir, la entidad se haría responsable de un suspuesto impago hasta la cantidad asegurada a cambio de una cuota mensual a pagar por los arrendatarios. García Montero aseguró que los bancos nunca cobran más de 14 euros al mes por asegurar el aval de 5.000 euros.

De este modo, los constructores tienen la garantía de la solvencia de los arrendatarios y éstos no tienen que desembolsar 5.000 euros de golpe. El problema es que el dinero que el arrendatario paga al banco nunca le será devuelto y es un coste que tiene que sumar cada mes al precio del alquiler.

Otro inconveniente es que los bancos no están obligados a conceder esos avales y se podría dar el caso de que una de las personas a las que les ha correspondido un piso de alquiler no tuvieran acceso a ese tipo de seguro que es potestad de la propia entidad. García Montero restó importancia a esa posibilidad porque "si el banco lo deniega significa que esas personas no pueden pagar el alquiler". Tampoco ha tenido en cuenta los gastos de estudio que inicialmente cobran los bancos por el trabajo de análisis de cada caso concreto. Este gasto suele estar alrededor de los 100 euros.

Con este acuerdo el Ayuntamiento ha echado marcha atrás en su decisión inicial de llegar hasta donde hiciera falta para exigir a las empresas que han construido sobre suelo municipal que no cobraran esos avales tan elevados. El otro portavoz municipal, Juan Antonio Mérida, dijo entonces que se iría a la vía judicial si era necesario porque el Ayuntamiento estaba seguro de llevar la razón. En concreto se amparaban en la ley de publicidad que obliga a mostrar todas las condiciones en los folletos promocionales. En esa publicidad no aparecía nada sobre los avales.

García Montero dijo ayer que no se ha seguido ahondando en este incumplimiento porque a los responsables municipales les ha parecido más importante llegar a un acuerdo.