Ya lo advirtió los primeros días de septiembre la delegada de Educación, Ana Gámez, en una entrevista a este periódico. Estaban estudiando a más de cien familias tras recibir denuncias de otros padres por fraude en la escolarización de sus hijos, un proceso que querían acabar "cuanto antes" porque "es traumático tener que abandonar el centro". Y ya han concluido los estudios de las familias denunciadas y la consecuencia es que 63 alumnos tienen que cambiar de centro por haberse detectado fraude, datos falsos para entrar en un colegio determinado, la mayoría concertados. Según estos datos, a los que ha tenido acceso Granada Hoy, estos niños tendrán que continuar sus estudios en otros centros tras resolverse los expedientes de veracidad de datos.

Un número reducido y es que el fraude escolar supone sólo un 0,07% de las solicitudes de plaza. Este año en la provincia se ofertaron 13.075 plazas para niños de tres años en la provincia. Un proceso que se inició en marzo con las solicitudes de admisión y que concluyó en mayo con la publicación de las listas definitivas de admitidos.

En base a estas listas, hay padres que se quedan fuera que inician un proceso de denuncia para intentar conseguir la plaza para sus hijos.

Según el protocolo, Educación investiga los datos de las familias tras recibir la denuncia de otros padres en virtud del decreto 40/2011 de 22 de febrero, que junto a la orden de 24 de febrero que lo desarrolla, en el aspecto disciplinario establece la pérdida de los derechos de prioridad al centro solicitado en caso de comprobar que las solicitudes de admisión incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad.

Cuando se recibe una denuncia por supuestas irregularidades en el domicilio, Educación comienza a investigar los datos pidiendo documentación a los padres y comprobando su veracidad con la colaboración de la Policía Autonómica. No en este caso del Ayuntamiento, indican desde Delegación, que es quien tiene las competencias sobre el padrón y que, según la Junta, ni ha contestado a los requerimientos en relación a la comprobación de la veracidad de los datos aportados por las familias. De ahí que se haya demorado más las resoluciones, que ya han sido comunicadas a los padres.

Los niños que pierden la prioridad pasan al final de la lista y es el centro el que recurre a la lista de espera para cubrir esas plazas que se quedan vacantes. Puede darse la circunstancia de que un niño finalmente se quede en el mismo centro pese a haber perdido su posición.

Al comunicarse las resoluciones se finaliza la vía administrativa y el único recurso de los padres afectados sería la vía judicial con un recurso contencioso administrativo. Educación asegura que todas las familias denunciadas han sido informadas del procedimiento desde su inicio y de los datos aportados por la policía que iban a ser tenidos en cuenta en los expedientes.

En los casos de los niños que tengan que abandonar el colegio, Educación ofrece un listado de plazas vacantes para que elijan