El juez de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, había citado para este lunes a ocho nuevo investigados para tomarles declaración en la causa en la que está siendo investigado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), y donde se indaga si como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

Desde las 10:00 horas de ayer estaban citados como investigados ocho personas, entre ellas responsables de empresas contratadas para ejercer esas funciones de "inspección", según la denuncia de SAF. Si bien, sólo declararon dos, respondiendo únicamente a preguntas de sus abogados "sobre sus labores de control" como empresas de asistencia técnica, negando que realizaran tareas de inspección, que corresponden a los funcionarios.

La Audiencia investiga un posible delito de usurpación de funciones y malversación

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla declaró de especial complejidad esta causa, rechazando de esta manera los recursos presentados por varios investigados contra la decisión del juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, de declarar la complejidad de la causa y señalar un plazo máximo de 18 meses para la instrucción de la misma.

Para la Audiencia el objeto de la causa "lo constituye, en esencia, la supuesta contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación contratados en los años 2011 y 2012 por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia", hechos investigados "como posibles delitos de usurpación de funciones y malversación en relación concursal".

A juicio de la Audiencia, "tal objeto pone ya de relieve lo intrincada que podría resultar y está resultando la instrucción", y de hecho los dos recurrentes "no aparecían en la relación de denunciados reflejada en la denuncia que provocó la incoación del proceso", y que fue interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

"Lo anterior muestra cómo la instrucción se ha ido ampliando, y así prosigue, de lo que buena muestra" es el auto de 20 de octubre de 2016 donde el juez citó a declarar como investigados al alcalde de Granada y a otras nueve personas, "de suerte que no es razonable hablar de que no concurren 'circunstancias sobrevenidas'".