Ser peluquera a domicilio o ir vendiendo cosméticos y joyas de casa en casa se ha convertido en un medio de vida para sobrevivir a la crisis. El declive económico ha recuperado la figura del comercial de productos que llamaba a la puerta de los hogares. Esta actividad, que en muchos casos escapa a los cauces legales, constituye uno de los nichos de fraude fiscal que la Agencia Tributaria analiza, junto con otros en los que el dinero negro campa a sus anchas, como el comercio electrónico o los juegos on-line. La picaresca, además, se acrecienta en tiempos de penuria en sectores como el hotelero -donde el desplome inmobiliario está causando un grave daño a los establecimientos legalizados- y el taxi, actividad en la que la piratería acapara ya el 10% de los vehículos que prestan dicho servicio en la capital hispalense.

Es prácticamente imposible cuantificar la economía sumergida en Sevilla, entre otros motivos, porque el trabajo que desarrolla Hacienda no está organizado por provincias, sino por actividades concretas. El delegado especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García, explica que el fraude fiscal sevillano "no es distinto en su tipología al del resto de Andalucía y España". A este respecto, el delegado especial destaca que los últimos estudios sobre el dinero que no se declara -como el publicado esta semana por Visa Europa- invitan a pensar que España no está por encima de otros países en economía sumergida, lo que rompe un tópico sobre el fraude en España.

Aunque no existen datos que certifiquen que una situación de crisis como la actual suponga un aumento directo de la economía sumergida, lo cierto es que, según el principal responsable de la Agencia Tributaria en Andalucía, durante los últimos años la caída de la recaudación tributaria ha sido mayor al descenso de la actividad productiva, un desequilibrio en el que, junto con los cambios normativos en materia de impuestos y los aplazamientos en el pago debido a las dificultades de los contribuyentes, podría en cierta medida deberse al aumento de la defraudación.

La crisis, por contra, es más evidente en la caída del fraude en sectores que hasta hace poco registraban gran actividad, como el inmobiliario, y su fortalecimiento en otros que logran mantenerse a flote, caso del de servicios, de ahí que la intención de la Agencia Tributaria sea "adaptarse a la realidad productiva del país para evitar nuevos nichos de mercado negro". Una de las herramientas que desde este departamento más se está utilizando para la lucha contra la economía sumergida han sido las inspecciones contra los billetes calificados de alta denominación, lo que ha permitido en pocos años a Hacienda liquidar (o denunciar por delito) un importe superior a los 300 millones de euros en toda Andalucía.

A ello se une la reciente normativa -impulsada desde la AEAT- , que desde el pasado otoño prohibe el uso de dinero efectivo en las operaciones de más de 2.500 euros en la que participe un profesional o un empresario, que habrán de efectuarlas mediante cheques, transferencias o tarjetas, lo que hace imposible que escapen al control tributario. Desde entonces se han impuesto 400 sanciones en toda la comunidad a quienes han incumplido la citada normativa.

Esta cifra se ha alcanzado gracias en buena medida a la colaboración ciudadana, que ha participado denunciando los pagos en efectivo o comunicando a Hacienda incumplimientos tributarios, supuestos éstos que se han incrementado en estos años, gracias, quizá, a una mayor conciencia fiscal. Con ello, las actuaciones inspectoras aumentaron el pasado año un 6% con un importe medio liquidado superior a los 121.000 euros en el caso de Andalucía. El incremento más destacado en las comprobaciones gestoras (actuaciones parciales) se registró en el control del impuestos sobre sociedades, con una subida del 45%, porcentaje que fue del 25% en el del IVA.

También se llevaron a cabo más de 3.000 inspecciones en la calle -visitas a establecimientos para verificar su situación-, entre las que destacan los supuestos de entrada y registro con autorización administrativa o judicial para rastrear posibles contabilidades ocultas u otras pruebas que demuestren la irregularidad de una empresa.

Otro dato significativo ha sido el especial impulso que desde Hacienda se ha dado a las inspecciones en las profesiones liberales, donde las actuaciones en 2012 aumentaron un 13%, una cifra que se duplicará respecto a 2009 al final de este año.

Alberto García detalla que "para ello nos centramos en la búsqueda de información aportada por terceros sobre posibles ingresos ocultos de los profesionales que trabajan en el área del derecho, la industria, el ámbito sanitario o la asesoría". Dicho sector es uno de los tradicionales de la economía sumergida, ya que en bastantes ocasiones estos profesionales no entregan a sus clientes la factura por los servicios prestados. Una actividad ilícita que se ha visto reforzada es la del contrabando de tabaco, que ha pasado en pocos años de suponer el 2% de la venta de este producto a superar el 10%. La lucha contra este fraude se desarrolla en todo el ámbito comunitario, de ahí el refuerzo de los controles en las aduanas (pertenecientes a la Agencia Tributaria) y en los establecimientos que no tienen permitida la venta de tabaco, como es el caso de muchos bares en los que su adquisición carece de licencia.

A lo anterior se une una nueva vía que la Agencia Tributaria está comenzando a analizar, y que no es otra que la denominada "economía d", es decir, los trabajos desde el domicilio, lo que atañe a un amplio sector que abarca desde la venta de joyas y productos cosméticos en casas a las peluquerías ilegales.

Este último colectivo se ha visto seriamente agraviado por el aumento del mercado negro. Jesús Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Peluquerías, explica que una de las causas que ha provocado la proliferación de personas que realizan esta labor y no declaran es el aumento del IVA establecido por el Gobierno el pasado año, por lo que el impuesto pasó del tipo reducido (8%) al máximo (21%), 13 puntos más que han contribuido al cierre de cadenas de peluquerías y grandes salones de belleza -2.800 en toda Andalucía- así como a 6.860 despidos en nueve meses. "Muchos de los que se quedan sin empleo deciden montar por su cuenta una peluquería pequeña en su casa o trabajar a domicilio sin pagar impuestos, lo que ha llevado a que la economía sumergida acapare el 29% de lo que mueve este oficio en la región", apostilla.

La crisis, además de crear nuevos ámbitos de economía sumergida, la aumenta en aquellos ya existentes. La competencia desleal que sufre el sector de la hostelería no ha hecho más que aumentar con la llegada de la crisis y, también, con el boom de internet. La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada reconoce que la lucha contra la economía sumergida, representada principalmente por la proliferación de apartamentos irregulares destinados a alojar turistas, es uno de sus principales caballos de batalla. Y no es para menos. Según la última información del Anuario de La Caixa, las pernoctaciones no regladas -aquellas que se producen en alojamientos no turísticos, entre ellos los apartamentos clandestinos que han proliferado con la crisis- triplican a las oficiales. Frente a las 5,2 millones de estancias que contabilizan los hoteles, apartamentos regulares, casas rurales y campings de Granada, el destino turístico ha llegado a registrar más de 17,8 millones de pernoctaciones no regladas. Desde la Federación de Hostelería se ha pedido a las autoridades turísticas en reiteradas ocasiones que planten cara a este problema -la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos es la solución más plausible- que no sólo produce un perjuicio económico en los alojamientos turísticos legítimos, sino que provoca "un daño irreparable" al Granada como destino turístico.

El sector del taxi también ha visto cómo la crisis ha llevado a un aumento de los profesionales 'piratas'. El presidente de la Gremial del Taxi de Granada, Juan Túnez, asegura que los taxis irregulares, esos que se pasean por la ciudad sin placa ninguna y haciendo transportes turísticos, siguen existiendo pese a la labor de vigilancia que ejercen los propios profesionales. "No podemos bajar la guardia", indica Túnez, que asegura que estas prácticas se ven sobre todo en zonas comerciales, en las cercanías de las estaciones de tren y autobuses, en zonas hospitalarias y en el área universitaria, donde hacen recorridos repartiendo a grupos de estudiantes por sus facultades.

En el sector de las instalaciones el trabajo bajo cuerda es tal que sus principales federaciones han formado la Plataforma Andaluza contra la Economía Sumergida, a la que se suman otras asociaciones, como las de profesionales de limpieza, que también han visto cómo ha proliferado el trabajo irregular. Según los datos de la Plataforma, desde que comenzó la crisis "han desaparecido en toda Andalucía 3.600 empresas instaladoras, por culpa del contexto socio-económico y la competencia desleal". Esto ha llevado a la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, lo que implica que "decenas de miles de familias se han quedado sin trabajo por culpa de aquellos que trabajan en B".

En el caso del sector de la limpieza, las pequeñas y medianas empresas con servicios convencionales y no mecanizados "son las más perjudicadas", ya que "cualquiera que tenga un cubo y una fregona ejerce la actividad con la permisividad de quien la paga".