El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, avisó ayer de que la intención del Gobierno de detallar sobre qué bienes inmatriculados por la Iglesia tiene derecho el Estado parece "una desamortización encubierta" que puede ir "en detrimento de la acción social de la Iglesia" pues algunos de esos bienes los utilizan para atender a los pobres.

"No queremos despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo que haga ahora también una desamortización reivindicando qué es dominio público. Hay un derecho de la propiedad, y puede ser sujeto de ese derecho una persona individual o entes colectivos, en este caso, la Iglesia", defendió.

En todo caso, el portavoz de los obispos aseguró que, aunque el Gobierno quiere poner "en negrita" el número de bienes inmatriculados por la Iglesia, están "muy tranquilos" porque saben que "no se ha hecho otra cosa que cumplir la legalidad vigente". "Lo que ha hecho la Iglesia es, cuando ha sido posible por la legislación, inscribir en el registro aquellos bienes que de manera secular ha poseído", explicó al tiempo que puntualizó que el proceso de inmatriculación "no es en ningún caso un mecanismo de adquisición de la propiedad". Asimismo, Gil Tamayo afirmó que tienen "una confianza infinita en la Justicia española, en caso de conflicto o de dudas" y piden que se cumpla la legislación "desde lo más básico: el derecho a la propiedad". "Vivimos en un Estado Democrático de Derecho, de defensa de libertades y derechos y, al mismo tiempo, nuestro ordenamiento ofrece posibilidades de defensa y, segundo, el marco europeo nos da una tranquilidad gigante", subrayó.

Gil Tamayo agregó que defenderán sus derechos como administradores de dichos bienes, los cuales, según precisó, "aportan a la economía más de 22.000 millones al año". También destacó que son de "un enorme interés social" desde el punto de vista cultural y de atención a los más necesitados.