Un operativo contra el fraude a las prestaciones de cobro indebidas mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social se ha saldado con un total de 27 personas investigadas, de las cuales 22 han sido detenidas en Granada, Motril, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones de residentes en otras provincias o comunidades autónomas.

La operación la iniciaron agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Granada en el mes de julio del presente, tras ser ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada en virtud de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial, en base a un informe técnico elaborado por la Unidad Especializada de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

En un primer momento las pesquisas se centraron en Granada donde han sido detenidas 22 personas entre ellas el empresario autónomo y 21 de los supuestos trabajadores que habrían sido dados de alta de forma ficticia.

Posteriormente abarcó otros municipios y provincias como Motril, donde ha sido investigado otro supuesto trabajador de la trama investigada, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones contra otras cuatro personas que residen en otras provincias o comunidades autónomas.

Las prestaciones fraudulentamente obtenidas afectaban al desempleo, prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal y plan prepara

Según se desprende de la investigación los denunciados habrían simulado una relación laboral inexistente con la finalidad de obtener prestaciones por desempleo o de otra índole (prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal, plan prepara), indebidas, mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna y con el único fin de obtener la carencia necesaria para el disfrute indebido de los referidos derechos y prestaciones.

Se estima que, tras la comisión de estos ilícitos penales, el fraude total relativo al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendería a unos 400.000 euros.