La oposición ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Granada de recurrir la sentencia del TSJA que declaró ilegales los restaurantes junto al pabellón Mulhacén y acusa al equipo de Gobierno socialista de "defender" esa ilegalidad.

Tanto Vamos Granada como IU han asegurado que se han enterado por la información publicada en este periódico de la decisión municipal, que no fue aclarada en la comisión de Urbanismo del pasado 12 de febrero.

"En un espacio donde tendría que haber un pabellón público hay un pabellón que sirve para poco y unos restaurantes con negocios privados y un promotor que se ha embolsado al menos 2 millones de ingresos indebidos. Y el equipo de Gobierno del PSOE recurre una sentencia que defiende el interés público. Es el mundo al revés", denuncia la concejal Marta Gutiérrez.

La concejal dijo que el responsable de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, aludió en la comisión de Urbanismo al riesgo de reclamación de indemnización pero asegura que la realidad es que "acceden a un chantaje, colocan al Ayuntamiento en situación de debilidad y dan por buena la actuación de la anterior corporación". "Tendría que ser el Ayuntamiento quien estuviera reclamando daños y perjuicios al promotor y a sus cómplices en el anterior gobierno por el incumplimiento de un contrato de concesión y la merma de equipamientos que hemos sufrido", matiza.

Gutiérrez reclama también que se revisen si se invirtieron los 6 millones ya que se habla de menos de 2. "Una cosa es construir y gestionar mediante una concesión privada pero no que una vez hecha la concesión se convierta en usos lucrativos", dice, acusando también a los promotores de cómplices. "McDonalds firmó el contrato antes de que estuviera autorizada la construcción restaurante y recoge que el promotor indemnizaría, por lo que eran conscientes de que era irregular y podía ser revocado. Esto ha sido un modus operandi. Algo muy similar se juzga en el Serrallo y hay corresponsables: los políticos y técnicos que autorizan y los promotores que convertían la situación en algo más lucrativo.

Desde esta misma formación, Mayte Olalla asegura que el pabellón Mulhacén "es nuestro Algarrobico" y critica con dureza que haya "connivencia" con los promotores. "Los gobernantes concretos que han producido el desfalco tienen que ser los que paguen y el PSOE tenía que haber hecho las auditorías y qué menos que no recurra la sentencia y exija a los promotores y al anterior gobierno que paguen las indemnizaciones para que no salga de nuestro bolsillo. Los políticos están aquí para hacernos la vida más fácil y no para expoliar y dárselo a amigos, mangantes y a ellos mismos", ha arremetido Olalla.

La candidata explica que no se habría llegado a esta situación si el equipo de gobierno hubiera hecho las prometidas auditorías. "En casos como este del Pabellón Mulhacén se debería haber revisado de oficio todo el procedimiento y declarar la nulidad de los estudios de detalle y de la concesión pero el PSOE no ha levantado ni una sola alfombra, ni siquiera un felpudo”.

Por su parte, el concejal de IU, Francisco Puentedura, criticó que la actitud del equipo de Gobierno del PSOE haya sido la de recurir "en lugar de ir contra los responsables de esas licencias y anularlas", por lo que les acusa de "dar carta de naturaleza defendiendo una supuesta ilegalidad". 

Puentedura advierte de la importancia de que cuando por vía contenciosa recurren al Tribunal Supremo se olvidan o actúan de forma contradictoria con el proceso penal ya que por un lado acusa de ilegalidades "y por otro la defiende". Además, dice que esta decisión se lo "pone en bandeja" a la defensa de los técnicos y los políticos".

El concejal de IU asegura que la situación es grave ya que se "convierte en cómplice" y se está haciendo todo lo contrario a lo que se dijo a su llegada al gobierno con el compromiso de levantar las alfombras. "Se está haciendo todo lo contrario, seguir tapando bajo alfombras la corrupción", por lo que pide que que el Ayuntamiento actúe de forma firme y en lugar de ir al Supremo rescate la concesión.