Granada

Un juez ordena tirar una casa y condena al dueño por no haberla demolido antes

  • El fallo le reprocha que desoyera en tres ocasiones las órdenes de paralizar la obra

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a un vecino de Loja como autor de una infracción urbanística contra la que venía actuando el Ayuntamiento lojeño desde el pasado 2004. Según expone en su fallo el juez, el condenado incurrió en un delito de desobediencia y en otro contra la ordenación del territorio, por todo lo cual recaen sobre él un total de doce meses de prisión, multa de doce meses con cuota de dos euros e inhabilitación para la construcción o promoción inmobiliaria durante seis meses.

Según el Ayuntamiento de Loja, el aspecto más relevante de la sentencia, de cara a la legalidad administrativa defendida por el Consistorio, el condenado deberá restituir en seis meses el movimiento de tierras ejecutado en su día así como derribar la vivienda y la piscina construida en la finca.

Hasta en tres ocasiones el Ayuntamiento de Loja intentó sin éxito paralizar unas obras ilegales ya que se ejecutaban en suelo no urbano y que, como consecuencia, carecían de las preceptivas licencias urbanísticas.

La sentencia favorable al Consistorio lojeño llega después de varios decretos infructuosos ordenando la paralización inmediata de estas obras -que incluían la construcción de una casa y una piscina- e incluso, como explica la resolución judicial, el precintado de las obras y la retirada de la maquinaria de construcción, decreto este último de marzo de 2006 al que también hizo caso omiso el condenado, que prosiguió con la construcción en abril del mismo año.

Así, el Ayuntamiento de Loja llevó el caso a la vía penal y anunció ayer su disposición se actuar permanentemente contra las infracciones de este tipo, "por cuanto atentan a la legalidad urbanística y degradan los derechos y deberes que la amplía mayoría de los ciudadanos sí cumple en ésta como en otras muchas materias", según el alcalde, Miguel Castellano. Actualmente se instruyen judicialmente otros cuatro casos similares al ahora sentenciado y, además, los servicios policiales y urbanísticos municipales investigan hasta una docena más de posibles situaciones urbanísticas ilegales.

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