Granada

Los peritos del caso Nazarí detectan la venta ilegal de terrenos públicos

  • El convenio del Palacio de Hielo, entre el Ayuntamiento de Granada e importantes promotores de la ciudad, podría ser nulo desde su origen, en el año 2005

El Palacio de Hielo estaba previsto junto al Cerrillo de Maracena. El Palacio de Hielo estaba previsto junto al Cerrillo de Maracena.

El Palacio de Hielo estaba previsto junto al Cerrillo de Maracena. / granada hoy

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El convenio urbanístico que en 2005 firmó el Ayuntamiento de Granada con tres importantes entidades privadas para desarrollar la zona del Cerrillo de Maracena podría ser nulo desde su propio origen. Los peritos de la Junta de Andalucía encargados del caso Nazarí, de supuesta corrupción municipal, han declarado ahora ilegales buena parte de las decisiones aprobadas por el gobierno y los miembros del pleno en aquel momento, en especial cuando acordaron la cesión a los promotores de terrenos públicos de uso deportivo y social.

Aquel convenio permitió a Arcomex SL, José Julián Romero y Caja Rural de Granada, promotores mayoritarios del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, quedarse con la propiedad de las parcelas que la ley obliga a ceder al Ayuntamiento para ubicar instalaciones de uso comunitario. A cambio se estipuló un pago en especie, que era la ejecución de algunas obras en distintos puntos de la ciudad, como la construcción de centros cívicos (Quinta Alegre, Bobadilla y Lancha del Genil). Además, el Ayuntamiento les vendió sus aprovechamientos urbanísticos por más de 7 millones de euros, una cantidad que no fue abonada y requirió años después una solución de pago en especie muy controvertida. 

Los peritos de la Consejería de Ordenación del Territorio que tienen el encargo judicial de estudiar todas las operaciones urbanísticas investigadas en el caso Nazarí (para acreditar o no la existencia de una posible trama de corrupción que habría favorecido durante años a algunos promotores privados) acaban de finalizar su informe sobre el Cerrillo de Maracena y han concluido que aquel documento "no se ajusta a derecho".

En primer lugar, sostienen que ni el PGOU ni la ley vigente permitían la permuta de ese tipo de parcelas públicas, inhabilitadas para ser objeto de "tráfico jurídico". Son terrenos destinados a "satisfacer necesidades colectivas, cumpliendo con una finalidad de uso o servicio público para el disfrute de los ciudadanos". Para que esa iniciativa tuviera validez legal tendrían que haber sido previamente desafectadas, lo que implicaría una justificación detallada de por qué no son necesarias y un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

Pero además, aunque todo esto se hubiera llevado a cabo (que no fue así), la fórmula escogida para el pago, mediante la ejecución de obras, tampoco sería legal, a juicio de los peritos judiciales. No es la primera vez que los especialistas informan a la jueza de esta situación, pues recientemente hicieron una valoración similar en el caso Serrallo, donde el promotor habría tratado de justificar algunos pagos al Ayuntamiento mediante la ejecución de obras de urbanización. Los peritos sostienen que esto es una especie de adjudicación a dedo, pues la ciudad tendría que haber sacado esas obras a concurso público. A su juicio esta forma de proceder "ha vulnerado las reglas relativas a la contratación pública y a los principios de competitividad, publicidad y libre concurrencia".

Esta operación urbanística del Cerrillo de Maracena (también llamada Palacio de Hielo), que ha tenido infinidad de trámites y acuerdos a lo largo de los 13 años transcurridos, llegó a ser objeto de otra investigación judicial, la primera de este tipo que salpicó al exalcalde José Torres Hurtado, a su cúpula de Urbanismo y a los promotores firmantes del convenio. Todos fueron exculpados entonces y ahora, en el caso Nazarí, sus defensas insisten en que esta parte de la investigación debería quedar fuera pues se considera cosa juzgada. Pero en aquella ocasión, el caso se centró en el acuerdo que años después volvieron la suscribir las mismas partes para acordar una forma de solucionar los impagos del convenio original, mediante un nuevo pago en especie a través de un trozo de parcela.

El nombre bajo el que ahora se investiga este asunto, Operación Convenio, es el primer indicativo de que el objeto de las pesquisas se centra ahora en otros aspectos, incluidos los más remotos, que se recogían en el convenio original de 2005. No obstante, los peritos han hallado otra serie de acuerdos que a lo largo de los años se fueron alcanzando en este expediente y que podrían ser también ilegales. En particular, destacan que después de ceder a los promotores privados la parcela pública de uso deportivo del palacio de hielo, en 2009 el pleno municipal aprobó dar un aumento de edificabilidad a esos terrenos para que pudieran construir un centro comercial que al final nunca se llegó a hacer. Los inspectores sostienen que ese incremento no es legal en una parcela dotacional, dado que el PGOU no lo permite.

El Ayuntamiento de Granada podría enfrentarse ahora, con este nuevo informe, a otro problema urbanístico que solucionar, pues aunque recientemente ha adoptado algunos acuerdos para tratar de normalizar la situación legal de este plan parcial y sus intereses en él, ahora podría encontrarse con que hay equipamientos repartidos por la ciudad que se hicieron en virtud de un convenio ilegal y en pago por una cesión de terrenos que tampoco ampara la ley ni la normativa urbanística.

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