Lejos de haber quedado extinguido el incendio que provocó en 2016 la Operación Nazarí -con la detención del alcalde del PP José Torres Hurtado y aquella invasión policial de las dependencias municipales para requisar documentos-, el Ayuntamiento de Granada ha seguido inmerso en una llamarada judicial durante este curso político. Hasta 9 causas en diferentes juzgados se cuentan ya abiertas contra concejales y altos cargos del Consistorio granadino, tras un año en el que han proliferado las denuncias.

A los casos Nazarí y Serrallo (que iniciaron el terremoto judicial en la Plaza del Carmen), se han sumado este invierno otras investigaciones, como los contratos fantasma de Emucesa (la empresa de cementerios) o las facturas de la televisión local TG7. También se han reactivado otras causas que por diferentes motivos habían caído en una suerte de letargo: la venta de Casa Agreda o la investigación al actual alcalde socialista, Francisco Cuenca, en un juzgado de Sevilla por la adjudicación de contratos, durante su etapa como delegado de la Junta (entre 2010 y 2011).

Se han abierto nuevos casos (TG7 o Emucesa) y se han reactivado otros (Paco Cuenca)

En la mayoría de estas causas hay una figura denunciante o acusadora común, que es la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez. Se ha posicionado ante sus electores como una abanderada contra la corrupción y ella es la que dio el paso adelante en varias de las causas abiertas para llevar inicialmente a la Fiscalía la documentación interna del Ayuntamiento de Granada. Además está asistida por un letrado de renombre internacional, el antiguo fiscal anticorrupción Carlos Castresana, que ahora está en excedencia y ejerce la abogacía privada.

Pero tampoco se libra esta edil de estar en el punto de mira judicial, pues recientemente ha sido procesada por el juez que investiga la denuncia por supuestas calumnias presentada por su compañero de formación, Luis de Haro. Lo que viene a echar más leña al fuego en ese salón de plenos.

Y no faltan las denuncias por presuntos casos de acoso laboral. A la causa que se sigue contra el jefe de la Policía Local -acusado por una agente que fue ascendida durante los gobiernos del PP y trasladada con la llegada del PSOE-, se une la recién reabierta por la denuncia de uno de los letrados municipales que fue apartado del resto de compañeros durante años y se le quitaron las funciones en los asuntos urbanísticos. En ambos casos las implicaciones políticas están presentes, pues se han mencionado posibles rencillas por partidismo ideológico como motivos de fondo.

Lo que nos lleva de nuevo al salón de plenos y de ahí hasta los juzgados de La Caleta, que en este curso político se han convertido en una verdadera pasarela de cargos o exmandatarios.

El resultado más evidente es que 8 de los 27 concejales que componen actualmente la Corporación municipal están investigados en alguna causa judicial. Son el alcalde, la concejal de Vamos -inmersa en una disputa interna de su grupo- y los seis concejales del PP que formaron parte del gobierno de Torres Hurtado. Pero en este último grupo hay diferentes casos. Todos se tendrán que enfrentar al juicio del caso Serrallo, acusados de presunta prevaricación por votar en una junta de gobierno de 2012 a favor de la discoteca allí construida. Pero dos de ellos han sumado este año nuevas investigaciones judiciales por otros asuntos vinculados a la gestión que hicieron cuando eran parte del gobierno del PP.

Son María Francés y Juan Antonio Fuentes, concejales muy próximos al actual candidato popular a las próximas elecciones municipales, Sebastián Pérez. Él también formó parte del gobierno de Torres Hurtado -era teniente de alcalde-, aunque por su cargo en la Diputación no estuvo tan implicado en el día a día y no ha sido imputado en las causas que salpican la gestión de los 16 años del PP en el Ayuntamiento. Sin embargo, cuando Torres Hurtado y la concejal de Urbanismo Isabel Nieto dimitieron, después de su detención en 2016 por el caso Nazarí, Pérez anunció también su salida del Ayuntamiento el mismo día, algo que habría exigido el regidor como condición para dar el paso atrás.

Ahora, como candidato a volver al Gobierno local, el presidente provincial del PP, tiene el reto de elaborar una lista limpia, porque cualquier rastro de imputaciones pueden impedir posibles pactos con otras formaciones.

Juan Antonio Fuentes, persona de su máxima confianza está investigado en el caso Serrallo y en el de las facturas de TG7, una causa abierta este año para aclarar el pago de casi un millón de euros por una serie de gastos extraordinarios surgidos durante tres años en la gestión de la televisión municipal. Antes de llegar al Juzgado a través de una dura querella de la Fiscalía, el tema ha sido un dolor de cabeza constante en el Ayuntamiento, pues colea el pago de una factura de medio millón de euros que reclama la empresa privada que tenía el contrato de grabación de programas de la televisión durante el gobierno del PP.

Esa factura y otros pagos ya abonados por empresas municipales como Emasagra o Inagra se correspodían con gastos extras (fuera de contrato) que habría autorizado el concejal Fuentes, de ahí que la Fiscalía lo considere, por el momento, el principal responsable en esta investigación.

El otro asunto judicial que ha estallado durante este curso es el de los supuestos contratos fantasma de Emucesa, llamados así porque se trata de personas que cobraron de la empresa pública sin que, al parecer, hubieran trabajado en las dependencias del cementerio. Por este asunto han tenido que declarar como investigados los dos concejales que han gestionado esta empresa municipal durante la etapa del PP, María Francés y Eduardo Moral.

El propio alcalde socialista, Francisco Cuenca, que accedió al sillón a través de una moción de censura de toda la oposición contra el PP, como una forma de huir del escándalo de posible corrupción municipal, está salpicado por una investigación abierta en un juzgado de Sevilla. Aunque en un principio el propio Cuenca explicó que se trataba de un tema menor, de procedimiento, hace escasos días se supo que el juez le imputa delitos como prevaricación y malversación de caudales, por la supuesta adjudicación "ilegal" de contratos a empresas predeterminadas.