Agentes de la Policía Nacional de las ciudades de Granada, Baza y Motril han llevado a cabo durante el mes de noviembre la detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales de 55 personas las cuales contaban con reclamaciones de carácter judicial por causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme. La suma total de estas requisitorias, que ya han sido cesadas, alcanza las 79, ya que varias de estas personas contaban con más de una reclamación en vigor. Todas ellas eran de ámbito nacional.

Como parte de las funciones de la Policía Nacional se encuentra la colaboración con las diferentes autoridades judiciales, a nivel nacional e internacional, en el cumplimiento de sus objetivos. De esta forma, los agentes de policía realizan una búsqueda incesante sobre aquellos individuos que tienen causas abiertas en cualquier juzgado del territorio nacional, además de aquellos sobre los que ha recaído una sentencia firme de ingreso en prisión y se encuentran huidos de la justicia. La colaboración a nivel internacional se concreta en la búsqueda, localización y detención de individuos buscados por otros países que pudieran encontrarse en territorio español.

Durante el pasado mes de noviembre han sido 55 las personas arrestadas las cuales se encontraban reclamadas por autoridades judiciales de ámbito nacional. Sobre las reclamaciones que han podido ser canceladas y que les constaba en vigor a dicho número de personas, las 79 han sido de ámbito nacional. La captura de estos fugados ha resuelto, por tanto, 79 reclamaciones judiciales que estaban pendientes, debido a que algunos de los detenidos acumulaban más de una de estas requisitorias por uno o varios juzgados. Del total de detenidos, 46 lo han sido en Granada, donde se han cesado el mayor número de reclamaciones, 69. Por otra parte, ocho han sido los arrestados en Motril, donde han quedado dadas de baja otras nueve reclamaciones, mientras que en Baza ha habido un solo detenido con el que se ha resuelto una única reclamación.

La mayoría de las infracciones cometidas, las cuales han ocasionado estas reclamaciones judiciales y policiales, han tenido su origen en la comisión de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo robos con fuerza, hurtos y estafas. No obstante, existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.