Granada

Los cuerpos policiales piden a Justicia un depósito ante el colapso por los decomisos

  • Las Fuerzas de Seguridad esgrimen que en los juzgados no se admiten "efectos voluminosos" · Justicia replica que ya se han destruido tres motos y un coche

Un Mercedes McClaren de color gris valorado en 482.000 euros o, lo que es lo mismo, 80 millones de las antiguas pesetas, permanece en depósito en las dependencias de la Guardia Civil de Granada a la espera de lo que decida el Juzgado. El flamante vehículo de lujo que 'duerme' en el aparcamiento de la Comandancia desde hace tres años fue intervenido tras comprobar que llevaba una matrícula falsa, curiosamente de un vehículo marca Smart.

En la misma situación se encuentran casi doscientos vehículos, algunas embarcaciones e incluso aeronaves y otros objetos procedentes de decomisos en intervenciones policiales que colapsan las dependencias de la Policía Nacional y Guardia Civil.

El material intervenido no puede sufrir deterioro pues cabe la posibilidad de que el juez ordene restituirlo a su propietario o, por el contrario, se opte por la subasta pública, siendo conveniente que no pierda su valor inicial.

Ante esta "problemática" situación, la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial de Granada -integrada por magistrados y los principales responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad- ha acordado elevar a la Consejería de Justicia y a su Delegación Provincial la solicitud "urgente" para que se cree un depósito judicial único de ámbito provincial que pueda almacenar todos los vehículos con las debidas garantías "en términos y condiciones similares a los que existen con acreditada eficacia en las provincias limítrofes de Málaga y Murcia".

En dicha reunión, la Policía Nacional y la Guardia Civil expusieron que en la mayoría de los juzgados no se admite la remisión de "efectos voluminosos" al carecer de espacio en las dependencias. Tanto es así que se menciona, como ejemplo ilustrativo del "grave problema creado", la existencia desde el año 2005 de 200 pares de zapatillas en depósito, sin que hasta el momento se haya autorizado su destrucción.

No hace mucho tiempo se produjo una situación insólita protagonizada por la misma Guardia Civil que se vio obligada a sacar a la calle algunos de los vehículos decomisados por falta de espacio en la comandancia.

La Comisión de la Coordinación de la Policía Judicial, que preside el magistrado José Requena Paredes, ya ha recibido de la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía un listado de vehículos depositados solicitando la colaboración de la Policía Nacional y Guardia Civil para la localización y posterior tasación de los objetos decomisados. La propia comisión, a través del secretario, es la encargada de evaluar el estado de todo el material incautado y proceder, si cabe, a su destrucción si observa que ha perdido todo su valor.

La delegada de Justicia en Granada, Begoña Álvarez, señaló ayer que desde su departamento se puso en marcha hace un año un plan para dar una solución al problema y subrayó que ya se ha elaborado una primera tasación de más de una treintena de vehículos, de los que ya se ha acordado la destrucción de cuatro de ellos, tres motocicletas y un vehículo.

La Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía dedica, según precisó Álvarez, alrededor de 20.000 euros anuales para alquilar espacio en talleres y en almacenes situados en distintos puntos de la provincia. "Hemos solicitado la colaboración de los cuerpos policiales para que nos informen de las diligencias y los peritos que hemos contratado tasen los distintos vehículos intervenidos una vez que el juzgado nos autorice a hacerlo. Es un proceso lento pero ya se está avanzando en solucionar el problema", aseguró Álvarez, quien dijo desconocer la solicitud elevada por las Fuerzas de Seguridad para habilitar un depósito judicial único.

El secretario de la Comisión Provincial de Coordinación Policíal de Granada, el decano de los jueces, Antonio Moreno, es el encargado de coordinar la destrucción de los efectos y localizar el material depositado debiendo informar cada mes, a partir del 1 de enero, del resultado de las gestiones realizadas.

Fuentes policiales confían en que la mejora de la coordinación permita, al menos, aliviar la situación de falta de espacio en sus dependencias.

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