"Estamos ante un gran desafío". El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, hace este año un llamamiento mucho más claro y contundente que nunca a las administraciones públicas para que organicen y doten a los órganos judiciales de los medios necesarios para atender el retraso actual y la "avalancha" que se prevé por la crisis derivada de la pandemia.

Despidos, ertes, concursos de acreedores suspendidos, cancelaciones de vuelos y de paquetes de viajes turísticos... Son algunos de los motivos que llenarán de nuevos asuntos los juzgados andaluces. "Se presenta un futuro incierto para 2021 y una previsión del incremento de la litigiosidad en índices muy elevados", expone en su memoria anual el máximo representante de la judicatura en Andalucía. Las jurisdicciones social y mercantil se prevén las más afectadas. 

Al margen de esta previsión, al tradicional atasco judicial se suma ahora lo ocurrido en 2020, que es el año analizado en la memoria presentada. El estado de alarma con confinamiento severo al inicio de la pandemia supuso un verdadero parón judicial de varios meses, que obligó a suspender el 90% de los señalamientos, lo que representa una "grave disfunción". En Granada, durante esos meses se anularon 5.100 vistas y juicios y esto supone un 45% de las previstas en todo el año. 

También el trabajo de los funcionarios tuvo que quedar en suspenso por la falta de medios digitales, según señala el TSJA, que dedica un amplio apartado de su memoria anual a desglosar la urgente necesidad de actualización para el pretendido avance hacia la justicia digital. Se ponen también de relieve los constantes fallos en los sistemas de videograbación, que en Granada llegó a motivar una queja del juez decano por la necesidad de suspender y repetir declaraciones y vistas. 

Para ilustrar la anticuada situación de la justicia en Andalucía hay un dato muy revelador en la memoria. Todavía se gastan 8 millones de euros anuales en envíos por correo. Un apartado llamativo que destaca el TSJA es la relación con la Fiscalía, que ni siquiera admite el sistema Lexnet para notificaciones, lo que es motivo de importantes retrasos.

La incidencia de la pandemia habría sido "mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos". Lorenzo del Río apuesta por "extender a todos los actores de nuestro sistema judicial la dotación de los medios tecnológicos precisos para acceder a distancia a los sistemas de gestión procesal". La alternativa del teletrabajo en la administración de justicia "es hoy por hoy inviable con los actuales recursos telemáticos, donde los expedientes necesitan presencia física de los funcionarios en la oficina judicial".

El Presidente del TSJA volvió a incidir en la Memoria de 2020 que si "queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, generar un rendimiento óptimo de la justicia y una resolución de los asuntos pendientes, será imprescindible contar con nuevas plazas judiciales y mejorar los planes de refuerzo, sin olvidar la mejor optimización de ciertos órganos y recursos personales".

Del Río defendió que "es difícil, por no decir imposible, acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo". El presidente de TSJA aboga por diferenciar más claramente la labor jurisdiccional de la gubernativa, para desplegar más claramente la jerarquía de la segunda faceta. 

También apeló al consenso político para que se afronten con urgencia reformas de calado. Para ello se requiere "compromiso y voluntad", porque "el problema es acuciante, y el tiempo pasa mientras que los órganos judiciales siguen perpetuándose con métodos y materiales similares".

Bajan los asuntos ingresados

La crisis del año 2020 ha provocado la reducción del número de asuntos ingresados en los tribunales y juzgados, así como el aumento de causas pendientes. Durante los tres meses de confinamiento estricto, además de suspenderse los señalamientos antes mencionados, quedó paralizada la entrada de nuevos asuntos y recursos. Sólo se mantuvieron servicios esenciales y actuaciones urgentes. El descenso en la entrada de asuntos fue de más del 13%.

También descendieron significativamente, un 14%, el número de asuntos resueltos por los tribunales. Esta disminución fue provocada por la grave incidencia de la pandemia en la justicia. En los meses posteriores al confinamiento estricto se ha tenido que trabajar en condiciones muy complicadas: menor flujo de personas, menor concentración de señalamientos y mayor distanciamiento temporal, uso de medios telemáticos inadecuados e instalaciones deficientes para mantener las medidas de seguridad e higiene necesarias.

Pese a todo, la Comunidad Autónoma de Andalucía vuelve a estar, junto con Canarias, a la cabeza de la litigiosidad. Así, Andalucía presenta una tasa de litigiosidad superior en un 10% a la media estatal. Si en el conjunto del Estado ha sido de 116,5 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2020, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 128,3 asuntos, la segunda más alta de España.

En todas las jurisdicciones disminuyó considerablemente tanto los asuntos ingresados como los resueltos. En la jurisdicción Civil, el número de asuntos registrados en 2020 alcanzó los 353.651, con una disminución del 8 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 334.604 asuntos, un 11 por ciento menos que en 2019, y quedaron en trámite 334.820, un 7 por ciento más que al final del año anterior.

En la jurisdicción Penal entraron 610.130 asuntos, con una disminución del 13 por ciento. Se resolvieron 597.809 asuntos, un 15 por ciento menos, y quedaron en trámite 165.159 asuntos, un 12 por ciento más.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la que acusó el mayor descenso, que se situó en un 40 por ciento al registrarse 46.847 asuntos. Los asuntos resueltos por los órganos judiciales de esta jurisdicción fueron 48.956, un 24 por ciento menos que en 2019, y los que quedaron en trámite a final de año ascendieron a 58.706 asuntos, lo que supuso una disminución del 3 por ciento de la pendencia. Esta disminución rompe la tendencia al alza tan inusual de 2019, año donde se produjo un desmesurado ingreso de asuntos en materia de extranjería.

En la jurisdicción Social ingresaron 68.145 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 8 por ciento. Se resolvieron 54.452 asuntos, un 12 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 91.902 asuntos, un 16 por ciento más.

Colapso de la jurisdicción social y mercantil

Los datos reflejan que la jurisdicción social es la que puede sufrir el mayor colapso y "donde ya se trabaja en una situación de sobrecarga y retraso alarmante en la tramitación de los procedimientos y señalamientos de juicios, siendo materias delicadas, como despidos y ertes, que afectan a los derechos más personales de los trabajadores".

El plan especial de la Junta de Andalucía para la reactivación de la administración de justicia tras la crisis sanitaria es "una medida positiva, necesitada lógicamente de revisión y control permanente para su eficiencia, aunque nos tememos que no incida sensiblemente y por igual en la tasa de congestión de todos los partidos judiciales, lo cual exigiría duplicar señalamientos, contar con más salas de vistas, mejores medios telemáticos...".