En lo que va de año, la recesión económica ha obligado a varias empresas de la provincia a solicitar ante el Ministerio de Trabajo la autorización para llevar a cabo unos procesos de regulación de empleo que, hasta la fecha, han afectado a 110 trabajadores granadinos.

Según el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio, esta cifra, que corresponde a los trabajadores perjudicados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados en el primer trimestre de 2008, es la mayor que se ha registrado en la última década.

De hecho, comparado con los tres primeros meses de 2007 -cuando los ERE perjudicaron a 74 empleados, la cifra más alta registrada hasta entonces desde 1997- el número de trabajadores afectados por los expedientes de regulación en lo que va de año ha crecido un 48,6%.

El Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio no señala, sin embargo, el número exacto de ERE que se han autorizado entre enero y marzo de 2008. La Delegación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, en cambio, sí que dispone de esa información y cifra en cuatro el total de expedientes de regulación que han recibido el visto bueno de la administración a lo largo del primer trimestre del año.

Según informó el delegado de Empleo, Luis Rubiales, entre enero y marzo seis empresas granadinas solicitaron ante la administración la autorización de un ERE. Sin embargo, uno de los expedientes solicitados fue denegado y otro, que afectaba a 9 trabajadores y que en principio fue autorizado por el Ministerio de Trabajo, fue revocado con posterioridad por vía judicial.

Además, Rubiales señaló que uno de los cuatro expedientes autorizados hasta la fecha solicitaba una exención temporal de 45 días de los contratos de sus 18 trabajadores.

Así, los datos facilitados por Empleo señalan que, por el momento, son alrededor de 94 -76 si se excluye a los empleados sometidos a la regulación temporal- los trabajadores granadinos que siguen afectados por los expedientes de regulación de empleo autorizados, que responden en la mayoría de los casos al cierre de empresas auxiliares de la construcción perjudicadas por el parón del sector.