El próximo 1 de julio entrará en vigor una orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración que anula la posibilidad de los profesionales liberales de ejercer tras la jubilación, una medida que cuenta con el rechazo frontal de las instituciones colegiales, que están preparando un aluvión de recursos para frenar lo que consideran un retroceso en derechos adquiridos.

Hasta la fecha, abogados, médicos,  veterinarios, estomatólogos, etcétera, disponían de una vía para percibir la pensión de jubilación y continuar ejerciendo. De manera imprevista para la mayoría de los colegios profesionales, el Gobierno publicó el pasado 26 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado, la orden 1362/2011 que establece, a partir del 1 de julio, la incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados. 

Con esta medida, el Gobierno  previsiblemente pretende ahorrar pensiones en el Sistema de la Seguridad Social o bien busca que se dejen libres puestos de trabajo, pero "en realidad, si los profesionales que llegan a una edad dejan de trabajar esos puestos de trabajo no se cubren", opina el presidente del Colegio de Médicos de Granada, Javier de Teresa, quien añade también el peligro de que se pierdan puestos de trabajo que están generando esas personas al cerrar su consulta privada o similar.

Las organizaciones profesionales están trabajando en recursos ante los tribunales a nivel nacional y autonómico con el objetivo de tumbar este recorte.